Sebastián Marset Cabrera, un ciudadano uruguayo de 34 años que se encuentra prófugo de la justicia, ha logrado establecer en Colombia una red empresarial similar a la que utilizó en Paraguay para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Esta información fue revelada por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en colaboración con aliados en ambos países.
Según la investigación, Marset es el principal accionista de una empresa de espectáculos en Bogotá, usando el nombre falso boliviano de Gabriel de Souza Beumer. La firma, que se llama JC Productions / Mastian Productions SAS, opera legalmente en Colombia y tiene su sede en el barrio Chicó Norte. Su objeto social es muy parecido al de Mastian Productions en Paraguay, la cual ha sido señalada por la Fiscalía paraguaya como una fachada para actividades vinculadas al tráfico de cocaína.
En ambos países, el nombre “Mastian” ha sido el vínculo, y las estructuras se establecieron casi de forma simultánea. En Paraguay, Marset fue relacionado con la investigación “A Ultranza Py”, que desmanteló una red asociada al tráfico de más de 17 toneladas de droga. Aunque no fue formalmente acusado debido a su condición de prófugo, las pruebas lo conectan con la red liderada por Miguel Ángel Insfrán, conocido como “Tío Rico”.
Registro empresarial sin verificación
En Colombia, la Cámara de Comercio no exige la verificación de pasaportes, lo que permitió a Marset registrar la empresa utilizando documentación falsa. La sociedad fue fundada en agosto de 2019 por el exmilitar colombiano Jairo Criado Tarazona, quien afirmó no conocer la verdadera identidad del uruguayo. Sin embargo, pocos días después de la fundación, Marset llegó al país y adquirió el 85% de las acciones, además de figurar como gerente suplente.
La empresa comenzó a operar con esta estructura, organizando espectáculos internacionales en Bolivia, Ecuador y Colombia. Al mismo tiempo, Marset construyó una imagen pública como empresario mediante la difusión de artículos en al menos 21 portales de noticias de América Latina. De estos, 17 fueron identificados por Qurium y La Nueva Prensa de Colombia como parte de una red de desinformación que supuestamente es operada por el hacker Carlos Escobar Marín, quien fue condenado en Estados Unidos.
Involucramiento de figuras religiosas
La trama también incluye a figuras religiosas. En Paraguay, la firma Mastian fue creada por el pastor José Insfrán, hermano de “Tío Rico” y líder del Centro de Convenciones de Avivamiento (CCA). En Colombia, el nombre de otro pastor, Óscar Alberto González Hincapié, apareció en conversaciones interceptadas por la Fiscalía, donde Marset habría ordenado una transferencia de 100.000 dólares estadounidenses a su nombre tras huir de Paraguay en 2020. González tiene antecedentes por estafa y concierto para delinquir.
En 2021, el pastor colombiano Ricardo Rodríguez, del Centro Mundial de Avivamiento, viajó a Paraguay en un avión de “Tío Rico” para participar en eventos del CCA. Esta visita coincidió con los intentos del pastor Insfrán por impulsar su candidatura a la gobernación de Canindeyú.
Conexiones con el crimen organizado
La conexión con Colombia se volvió más grave tras el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en la isla Barú en mayo de 2022. Tanto el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, han vinculado públicamente a Marset como el autor intelectual del crimen. Petro lo ha señalado como miembro de una “junta del narcotráfico” que tiene presencia en Colombia y Dubai.
En junio de 2025, Estados Unidos incluyó a Marset en su lista de prófugos prioritarios, ofreciendo hasta 2 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Mientras tanto, JC Productions / Mastian Productions sigue registrada legalmente en Colombia, y Marset aún figura como socio, sin que las autoridades hayan confirmado una investigación en curso.
Modelo de operaciones ilícitas
La estructura paraguaya nunca registró empleados ni actividad económica, pero fue útil para justificar operaciones financieras. Este modelo fue exportado a Colombia, adaptando fachadas empresariales, religiosas y mediáticas para encubrir actividades ilícitas y lavar capitales.
