El Consejo de la Magistratura ha dado a conocer que, en el primer semestre de 2025, un total de 230 jueces en Bolivia están siendo sometidos a procesos disciplinarios. Esta cifra representa el 20% del total de jueces que actualmente ejercen en el país. De estos, 9 jueces ya han sido destituidos, mientras que 41 enfrentan acusaciones por faltas gravísimas.
Manuel Baptista, presidente del Consejo de la Magistratura, destacó la relevancia de esta cifra al afirmar que “queremos hacer conocer a la población boliviana que, en lo que va del año 2025, el Consejo de la Magistratura ha atendido 230 casos donde jueces están siendo parte de procesos disciplinarios”. Esta declaración subraya la seriedad de la situación actual en el sistema judicial boliviano.
Estado de los jueces en funciones
En Bolivia, actualmente hay 1.203 jueces en funciones. Aunque no todos los procesos disciplinarios resultan en sanciones inmediatas, Baptista enfatizó que estos casos son parte de un seguimiento exhaustivo sobre el desempeño y la ética de los operadores de justicia. “Estos 230 jueces están siendo evaluados y controlados en relación con su trabajo y conducta”, afirmó.
Faltas gravísimas y sanciones
Los casos más preocupantes involucran a 41 jueces que han sido acusados de cometer faltas gravísimas. Estas faltas incluyen actuaciones fuera de su competencia y otras infracciones al marco legal vigente. Si se confirman estas acusaciones, podrían resultar en destituciones inmediatas.
El informe oficial también indica que 105 jueces han sido sancionados por faltas graves, mientras que otros 21 han recibido sanciones por faltas leves. Baptista recordó que, de acuerdo con la normativa actual, la acumulación de 3 faltas graves puede ser considerada como una falta gravísima, lo que resalta la importancia de un control constante sobre el comportamiento judicial.
Exigencia social por transparencia
La labor de fiscalización del Consejo de la Magistratura responde a una creciente demanda social por una justicia que sea más transparente, imparcial y libre de presiones externas. Este esfuerzo busca fortalecer la confianza de la población en el sistema judicial boliviano.
