Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, denunció este martes 22 de julio que el Gobierno sigue buscando formas de obstaculizar el traslado de su defendido desde el penal de Chonchocoro, en La Paz, hacia Santa Cruz de la Sierra. Este traslado es necesario para que el gobernador asista el viernes a la audiencia relacionada con el caso “decretazo”.
Camacho afirmó que “el tema de los informes de Inteligencia y otras cuestiones, que pretende confundir el ministro de Gobierno, no están previstos ni en la Ley de Ejecución Penal, ni en el Código de Procedimiento Penal, ni mucho menos en la Constitución”. Agregó que no hay necesidad de ningún informe de Inteligencia, describiendo esto como un “invento” del ministro Ríos, así como del exministro Eduardo Del Castillo. Estas declaraciones fueron realizadas en una entrevista con El Deber Radio.
Orden judicial ignorada
A pesar de que existe una orden judicial que ordena el traslado, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, declaró que su cumplimiento dependerá de los distintos informes de Inteligencia, tanto del Comando General como del Comando Departamental de Santa Cruz. Esta situación ha generado preocupación en el equipo legal del gobernador.
Visita al penal
En este contexto, el abogado Martín Camacho llegó por la mañana al aeropuerto de El Alto y se dirigió al penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Su objetivo era reunirse con el director del recinto penitenciario, mayor Edgar Fernando Espinoza, para exigir el cumplimiento de la disposición judicial.
Camacho expresó: “Vengo a que el director del centro, mayor Espinoza, me diga de manera personal en qué momento, qué día, a qué hora y de qué manera se va a cumplir con la orden de traslado”. Además, advirtió que si el director se opone o incumple su deber, será el único responsable y enfrentará un proceso penal, posiblemente con una detención preventiva.
Presiones en Palmasola
El abogado también denunció que, según información recibida desde el mismo Gobierno, se estaría presionando a internos del penal de Palmasola en Santa Cruz para que emitan un voto resolutivo en contra del ingreso del gobernador cruceño a ese recinto. Camacho afirmó que esta acción carece de respaldo legal y que los internos no tienen autoridad sobre las decisiones administrativas del régimen penitenciario.
“Esa situación es otra falacia, otro invento que no está previsto en ninguna normativa procesal. No existe ningún derecho que les faculte a los privados de libertad decir quién ingresa y quién no ingresa al penal”, concluyó el abogado defensor.
