La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) ha solicitado que se garantice el traslado del gobernador electo Luis Fernando Camacho desde la cárcel de Chonchocoro hacia Santa Cruz. Esto es necesario para que pueda asistir a un juicio oral. Mientras tanto, el Gobierno está a la espera de informes de Inteligencia que le permitan determinar si el operativo es viable.
Contexto del juicio
Esta situación se da en el marco de una orden judicial relacionada con el caso del Decreto 373, conocido como el caso “decretazo”, el cual está programado para este viernes.
Freddy Jiménez, presidente de la APDH, afirmó que es una obligación de las autoridades nacionales asegurar ese traslado. Además, advirtió que no cumplir con esta orden judicial sería una falta grave por parte de los funcionarios encargados del proceso.
Detención de Camacho
Actualmente, Camacho se encuentra detenido en Chonchocoro. Según su defensa, debe ser trasladado a Palmasola para participar en el juicio. La orden judicial que respalda esta solicitud se basa en una sentencia constitucional, la cual fue emitida tras una acción de libertad presentada por su equipo legal.
Por otro lado, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ha advertido sobre una supuesta “distorsión” de la resolución judicial por parte de la defensa del gobernador cruceño. Ríos sostiene que la orden judicial solo instruye iniciar los trámites y no ejecutar el traslado de inmediato.
Condiciones de seguridad
El ministro explicó que el director del penal de Chonchocoro debe solicitar informes al Comando General de la Policía y al Comando Departamental de Santa Cruz antes de decidir si existen las condiciones de seguridad necesarias para el traslado.
“No podemos anticiparnos a señalar que no corresponde el traslado. Esto dependerá de los distintos informes de Inteligencia”, puntualizó Ríos, quien también aclaró que la responsabilidad del procedimiento recae en la administración penitenciaria, que está bajo el control del Gobierno central.
Vulneraciones a derechos
Jiménez alertó sobre las vulneraciones a los derechos de los privados de libertad, señalando que esto no solo afecta a Camacho, sino también a otras figuras de la oposición. Mencionó a Marco Pumari, exlíder cívico potosino, y a la expresidente interina Jeanine Añez, quienes también enfrentan limitaciones en sus oportunidades de defensa.
Detalles del caso “decretazo”
El caso “decretazo” se refiere a la emisión del Decreto Departamental 373, que fue suscrito en 2022 por Camacho. Este decreto le permitió delegar temporalmente sus funciones al secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro. Según la normativa autonómica y la Constitución Política del Estado, esta función debió ser asumida por el vicegobernador Mario Aguilera.
Por esta acción, el gobernador electo enfrenta cargos por presuntas resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. El juicio oral estaba programado para iniciar a principios de 2024, pero ha sido suspendido en varias ocasiones debido a la inasistencia del acusado, quien ha permanecido recluido en Chonchocoro desde finales de 2022.
