El Gobierno argentino, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), ha suspendido más de 80,000 pensiones no contributivas por invalidez laboral. Esta decisión se tomó tras una auditoría que abarcó a un millón de beneficiarios. Se encontró que el 60% de ellos no se presentó a la revisión médica obligatoria. Esta medida, que representa un ahorro mensual de 23,143,120 pesos, se anunció en el marco de un nuevo marco legal que busca redirigir recursos hacia quienes realmente necesitan apoyo.
La auditoría realizada por la Andis reveló que 65,230 personas tuvieron su beneficio suspendido debido a diversas irregularidades. Además, 8,207 beneficiarios renunciaron voluntariamente a la asignación estatal para evitar un posible juicio, y otras 6,643 personas fueron dadas de baja tras confirmarse el fallecimiento del titular. En algunos casos, los pagos continuaban siendo cobrados por familiares de los fallecidos. En total, el Estado dejó de abonar 80,080 pensiones, considerando un monto mensual de 289,000 pesos por beneficiario.
Proceso de notificación
El procedimiento incluye la notificación al beneficiario mediante carta documento, que especifica fecha, hora y lugar de la revisión. Si el beneficiario no asiste, se envía una segunda intimación. Si aún así no comparece, se suspende el pago del beneficio y se notifica a la entidad bancaria correspondiente. Solo si el beneficiario se comunica con la Andis para regularizar su situación médica puede evitar la baja definitiva.
Aumento de pensiones en años recientes
Diego Spagnuolo, titular de la Andis, afirmó que entre 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral aumentó de 80,000 a 1,050,000. Agregó que bajo la presidencia de Alberto Fernández, esta cifra volvió a ascender, alcanzando unas 1,250,000 pensiones entre 2019 y 2023. Durante los gobiernos kirchneristas, se habrían entregado hasta 1,000 pensiones no contributivas por discapacidad laboral en actos políticos, lo que implicaría un gasto de aproximadamente 300 millones de pesos mensuales.
Irregularidades detectadas
Entre los casos detectados en la auditoría, se encontraron certificados médicos con “amputaciones que no eran tales”, una misma radiografía utilizada en 150 trámites y diagnósticos por “pie plano”. También se citó el caso de una mujer que se disfrazó para hacerse pasar por su esposo y el de un hijo que admitió que su padre “vive en Egipto desde hace meses” mientras él cobraba la pensión.
Nuevas regulaciones y controles
El Decreto 842/2024 reformó el régimen vigente y otorgó mayores atribuciones a la Andis. Este nuevo marco legal impone la obligatoriedad de actualización de datos y reinscripción de todos los beneficiarios. Además, endurece las condiciones de incompatibilidad y permite a la agencia suspender cautelarmente beneficios ante sospechas fundadas de irregularidades. También se autorizó el intercambio de información con otros organismos como Anses, AFIP, PAMI y el Ministerio de Justicia.
Beneficiarios en situaciones irregulares
En este contexto, se detectó que 212 presos y 331 prófugos estaban cobrando pensiones por invalidez laboral. En el 85% de los casos de presos beneficiarios, las pensiones fueron otorgadas durante gobiernos kirchneristas. El Ejecutivo sostiene que las auditorías buscan asegurar el uso responsable de los recursos del Estado, afirmando que “los gobiernos hicieron una política de subsidios discrecionales”.
