La Fiscalía Departamental de Santa Cruz está llevando a cabo una investigación sobre un posible caso de corrupción vinculado a la compra de un software por más de Bs 60,000 en la Asamblea Legislativa Departamental. La atención se centra en la exdirectora administrativa Ximena Evelin S. E., quien fue la responsable de autorizar esta adquisición. La denuncia fue presentada por el actual presidente de la Asamblea, Antonio Talamás.
Este miércoles, el personal de la División Económica de la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción realizó un registro en las oficinas de la ALD. Durante esta diligencia, se procedió al precintado y secuestro del servidor que debía albergar el sistema adquirido.
El fiscal Gomer Padilla, quien está a cargo del caso, explicó que esta acción se llevó a cabo con el objetivo de recolectar pruebas que ayuden a esclarecer la situación que se está investigando. “Es un registro del lugar del hecho que se ha realizado con la finalidad de colectar elementos que nos ayuden a esclarecer la verdad del hecho que se está investigando”, indicó Padilla.
Detalles de la investigación
El fiscal aclaró que no se trató de un allanamiento, sino de una diligencia dentro de los primeros pasos investigativos iniciados tras la denuncia del presidente de la Asamblea. “Ya estamos en un acto de investigación acerca de un software que se ha contratado en el año 2022, del cual, a la fecha, no se tiene constancia de su implementación”, explicó Padilla.
El fiscal también mencionó que se está indagando sobre la existencia del software dentro de la Asamblea Legislativa. Al ser consultado sobre la posibilidad de un sobreprecio en la compra, Padilla afirmó que este aspecto aún está en análisis. Los resultados de las pericias técnicas e informáticas que se realicen sobre el equipo secuestrado serán determinantes.
Responsabilidades en el caso
“Estamos en los primeros actos investigativos, que se vienen realizando, y de acuerdo con eso se va a ir valorando todos los elementos que se vayan colectando para determinar responsabilidades”, añadió el fiscal.
Padilla dejó claro que el proceso penal no está dirigido contra Matkovic, sino contra la exfuncionaria, quien firmó la contratación del software bajo la modalidad de consultoría por producto. Hasta el momento, no hay evidencia de que el producto haya sido entregado o utilizado.
Etapa preliminar de la investigación
El caso se encuentra en etapa preliminar, y la Fiscalía ha anunciado que podría ampliar las investigaciones si aparecen nuevos elementos que involucren a otros funcionarios o exfuncionarios de la institución legislativa.
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