La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha emitido una alerta sobre el uso excesivo del poder público en contra de 29 defensores ambientales de las comunidades de Chiquiacá y Tariquía. Estos defensores enfrentan un proceso penal que fue iniciado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en octubre de 2024. En un pronunciamiento realizado el 15 de julio de 2025, la institución manifestó su preocupación por la amenaza que esto representa para la libertad y el derecho a defender los derechos humanos medioambientales.
La Defensoría ha reiterado su inquietud respecto al uso desproporcionado del poder público, que vulnera la libertad y el derecho a defender los derechos humanos ambientales en las comunidades mencionadas. Además, hizo un llamado a YPFB para que cese de inmediato el uso del sistema judicial como una herramienta de intimidación.
Desde octubre de 2024, la Defensoría ha estado monitoreando de cerca el proceso penal que YPFB ha iniciado contra los 29 defensores y defensoras ambientales. Estos enfrentan acusaciones por presuntos delitos que incluyen impedir el ejercicio de funciones y atentar contra la libertad de trabajo, ambos delitos tipificados en el Código Penal. Esta situación ha generado una gran alarma entre las organizaciones que defienden los derechos humanos.
Resolución del Tribunal
Durante una audiencia celebrada el 24 de junio de 2025, el Tribunal emitió la Resolución Nº 125/2025, que dejó sin efecto las restricciones impuestas a 12 de las personas acusadas. Esto les permite defenderse en libertad. Sin embargo, la Defensoría sigue preocupada por el hecho de que el proceso judicial permanezca abierto, considerándolo una herramienta de intimidación y una advertencia para evitar futuras acciones de defensa ambiental.
Compromiso con el Acuerdo de Escazú
La Defensoría recordó que Bolivia ratificó el Acuerdo de Escazú en 2019, comprometiéndose a proteger y garantizar la labor de quienes defienden el medio ambiente y la Madre Tierra. En su pronunciamiento, se enfatiza que iniciar procesos judiciales infundados contra defensores es una forma de represión que vulnera derechos fundamentales y contradice el artículo 9 del Acuerdo de Escazú.
Este artículo obliga al Estado a prevenir, investigar y sancionar cualquier amenaza, agresión o acto de violencia contra defensores ambientales. Además, la Defensoría cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la libertad y seguridad personal.
Exhortación al Ministerio Público
Finalmente, la Defensoría hizo un llamado al Ministerio Público para que actúe con estricto respeto al debido proceso. También pidió que se evalúe con rigurosidad la calidad de los defensores y defensoras ambientales que están siendo procesados. Esta condición debe ser considerada por el Estado para brindarles una protección diferenciada.
