El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, anunció que se ha levantado la reserva del caso conocido como “consorcio”. Esta investigación se centra en una denuncia sobre la manipulación de un proceso judicial que buscaba forzar la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.
Torrez explicó que “el tema de la reserva ha vencido el viernes”. La comisión de fiscales evaluó la situación y determinó que no era necesario extender la reserva. Como resultado, las partes involucradas, así como los abogados y la opinión pública, ahora tienen acceso a la información relacionada con el caso.
Declaraciones de testigos
Durante el tiempo en que estuvo vigente la reserva, dos vocales declararon como testigos, ya que fueron mencionados por los siete investigados que actualmente enfrentan medidas cautelares. Además, un octavo implicado sigue prófugo de la justicia y tiene un mandamiento de aprehensión en su contra.
Acciones del Ministerio Público
El Ministerio Público también comunicó que se procederá al desprecintado del despacho del juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, quien es uno de los principales implicados en este caso. El objetivo de esta acción es llevar a cabo nuevos actos investigativos y facilitar la designación de una nueva autoridad judicial en la región.
El fiscal Torrez confirmó que se han emitido citaciones para que los vocales Samuel Mita y Edwin Alejandro Altamirano también declaren como testigos. “Se está realizando un desprecintado del despacho del juez de Coroico a efectos de poder realizar actos investigativos dentro de la presente causa”, agregó Torrez. En total, hay siete personas que están siendo investigadas en este caso.
Situación de los implicados
César Siles, exministro de Justicia, se encuentra actualmente internado en una clínica. Sin embargo, un juez ha dictado su detención preventiva en la cárcel de Patacamaya. Por otro lado, Yván Córdova, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, está bajo detención domiciliaria tras pagar una fianza de 50.000 bolivianos.
Iván Campero, magistrado suplente del TSJ, también ha sido beneficiado con la detención domiciliaria. Se le acusa de intentar obtener un beneficio a través de la suspensión de la magistrada Fanny Coaquira. José Ramiro Uriarte, exvicecónsul de Bolivia en España, también se encuentra bajo detención domiciliaria, pero con permiso para salir a trabajar.
Claudia Castro, exvocal del TDJ de La Paz, enfrenta detención preventiva en la cárcel de Obrajes. Marcelo Lea Plaza, juez de Coroico implicado en el caso consorcio, está en detención preventiva en San Pedro. Finalmente, Sergio S., jefe de plataforma del Juzgado de Coroico, ha sido beneficiado con la detención domiciliaria.
