La Fiscalía Departamental de Tarija ha imputado al alcalde Johnny Torres y al secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Autotransporte, Gabriel Pérez. Esta imputación se basa en presuntos delitos de sedición e instigación pública a delinquir, relacionados con un paro, marchas y bloqueos que ocurrieron en Tarija. La acusación se origina a raíz de las protestas que se llevaron a cabo contra el proyecto de Ley 1386 en 2021.
Suspensión de la audiencia
El Juzgado de Sentencia Penal de Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero había programado una audiencia para el 11 de julio de 2025, pero esta fue suspendida y reprogramada para el 24 de noviembre de 2025.
Cuestionamientos a la Fiscalía
Tanto el alcalde Johnny Torres como Gabriel Pérez han cuestionado a la Fiscalía por imputarlos sin presentar pruebas concretas. Ambos consideran que esta acción es una forma de persecución política. Torres, en particular, ha declarado: “Esto es una persecución política porque en el gobierno de Evo Morales y el de Luis Arce, al primero que piensa diferente lo procesan y llevan preso”.
Contexto de las protestas
Las protestas que se dieron en 2021 fueron una respuesta al proyecto de Ley 1386, que se refería a la “Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo”. La Fiscalía decidió avanzar con una denuncia presentada por la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (Fsucct) contra las autoridades mencionadas, que incluyen al gobernador Óscar Montes y al expresidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila.
Defensa de Torres y Pérez
Johnny Torres sostiene que la imputación fiscal carece de fundamento y argumenta que es el Gobierno el que está enfrentando problemas debido a su gestión. Por su parte, Gabriel Pérez ha manifestado que se presentará cada vez que sea citado. “Cada vez nos citan y después lo suspenden como ahora. Si no estuviésemos aquí, seguro que se lleva adelante la audiencia. Esta es la quinta suspensión que se hace”, afirmó Pérez.
Razones de la suspensión
La audiencia fue suspendida porque aún no se han resuelto las apelaciones que fueron presentadas en la Sala Penal Nro. 2, lo que imposibilitó la instalación de la misma.
