Por quinta vez en el año, la comunidad Santa Rita, ubicada en el municipio de Guarayos, en Santa Cruz, ha sido escenario de un nuevo y violento avasallamiento. En esta ocasión, un grupo de personas armadas no solo ingresó a la fuerza, sino que también construyó un puente clandestino para tomar control de la propiedad. Durante este incidente, se secuestró al encargado y al dueño del predio, Felipe Barbieri.
Un contingente policial tomó control del área este viernes, tras recibir la denuncia de que un grupo armado había retenido a al menos 25 personas, una de las cuales resultó herida con un arma de fuego. La intervención se llevó a cabo después de que los propietarios del lugar solicitaran ayuda ante la situación de avasallamiento.
El Ministerio de Gobierno había anunciado el jueves el despliegue de un contingente policial y unidades especializadas en esta zona. “Se ha instruido al Comando Departamental de la Policía Santa Cruz el despliegue de unidades especializadas a la comunidad Santa Rita con el fin de restablecer el orden y la tranquilidad de los pobladores, resguardar la integridad física de todas las personas en la zona”, señala parte del comunicado emitido.
Declaraciones de la esposa del propietario
Melissa Barba, esposa del propietario del predio, indicó que con la llegada de la Policía, las personas retenidas pueden salir del lugar; sin embargo, remarcó que no lo harán porque necesitan trabajar en el sitio. “La situación que vivimos es muy preocupante. No podemos hacer nada, hay personas que están involucradas con el Gobierno. El exministro Del Castillo está involucrado. Tengo fotos de él con los cabecillas de los avasalladores, quienes incluso tienen órdenes de aprehensión”, declaró Barba.
La mujer también aseguró que entre los líderes del grupo estaría Esteban Alavi Canaviri, a quien identifica como el jefe de todos los avasalladores.
Reacción del Ministerio de Gobierno
En este contexto, el Ministerio de Gobierno expresó su rechazo ante la toma de esta propiedad, calificándola como un atentado contra la propiedad agraria y la seguridad jurídica. “Condenamos de manera enérgica cualquier toma ilegal de tierras en el Departamento de Santa Cruz o en cualquier otra región del país”, señalaron. Además, anunciaron una investigación sobre este hecho ante las instancias correspondientes.
