El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, negó el viernes 11 de julio de 2025 que exista una relación política entre el Ejecutivo y el grupo que llevó a cabo el avasallamiento de la propiedad Santa Rita, que se encuentra en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz. La autoridad calificó las acusaciones como infundadas y advirtió que estas buscan desvirtuar los esfuerzos institucionales en un contexto electoral.
Ríos señaló que detrás de estas acusaciones hay una clara intención de distorsionar el trabajo de concertación que se realiza con diferentes sectores sociales. Según su opinión, se busca desacreditar los procesos técnicos que coordina el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), utilizando la estigmatización sin fundamentos de organizaciones que participan en espacios de diálogo.
Reacción ante la polémica
La posición oficial se dio a conocer después de que Melissa Barba, esposa del propietario del terreno, compartiera una fotografía en la que supuestos avasalladores aparecen junto al exministro de Gobierno y actual candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Eduardo Del Castillo. Esta imagen fue ampliamente difundida en redes sociales y generó controversia entre varios actores políticos.
Intervención policial
El ministro de Gobierno enfatizó que las reuniones que las autoridades mantienen con diferentes sectores son parte de procesos institucionales. Durante estos encuentros, se revisa documentación, se presenta el estado de situación de los terrenos y se busca alcanzar acuerdos que eviten conflictos, como el que ocurrió recientemente en Santa Rita.
Respecto a este incidente, Ríos informó que la Policía actuó de inmediato. Durante el operativo, se liberó a trabajadores que estaban retenidos, se ayudó a una persona herida por un impacto de bala y se recuperó el control total del predio. Desde ese momento, efectivos policiales permanecen en la zona para garantizar la seguridad y continuar con las investigaciones pertinentes.
Importancia de la información responsable
Finalmente, el ministro advirtió que desinformar sobre este tipo de casos solo debilita los mecanismos de diálogo y complica las soluciones pacíficas a problemas estructurales, como los relacionados con el acceso a la tierra. Por esta razón, pidió responsabilidad en el tratamiento del tema y reiteró que el Gobierno seguirá trabajando bajo marcos técnicos y legales.
LDVY
