Un hombre de 38 años fue aprehendido en Santa Cruz tras encontrarse en su poder más de 6,000 archivos con contenido de abuso y explotación sexual infantil. Este caso se ha convertido en el más grave de su tipo registrado en Bolivia.
El implicado ha sido identificado como Eduardo E. G., quien ya enfrenta cargos por los delitos de abuso sexual y pornografía con agravante.
Aprehensión y allanamiento
La aprehensión se llevó a cabo el miércoles 9 de julio, tras una investigación digital realizada por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz en colaboración con la Policía.
Las autoridades lograron rastrear el intercambio de archivos ilegales a través de redes sociales, canales de mensajería y servicios de almacenamiento en la nube.
Durante el allanamiento en el domicilio del acusado, los investigadores incautaron dispositivos electrónicos, material digital y ropa interior infantil.
Declaraciones del fiscal
“Estamos ante el caso con mayor relevancia en el departamento y en el país. Lamentablemente, los más de 6,000 archivos encontrados corresponden a material de explotación sexual de menores. Esto nos obliga a seguir ampliando la investigación”, afirmó el fiscal departamental, Alberto Zeballos, en una conferencia de prensa.
El fiscal explicó que los indicios reunidos apuntaban a la existencia de una red de pedofilia y explotación sexual infantil que operaba tanto en entornos digitales como en espacios físicos.
Posibles cómplices y detención
Según las primeras investigaciones, el acusado aparentemente compartía el material en canales clandestinos de difusión, lo que podría indicar la presencia de otros involucrados en distintas regiones del país.
Debido a la gravedad del caso, el Ministerio Público anunció que solicitaría la detención preventiva del imputado para evitar que obstaculice el proceso de investigación y para garantizar la seguridad de las posibles víctimas.
Análisis forense y legislación
Zeballos señaló que se procederá al análisis forense del contenido secuestrado, con el fin de identificar a las víctimas y determinar si existen cómplices o encubridores.
El fiscal también pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional que apruebe con urgencia el proyecto de ley para la protección de la integridad sexual en entornos digitales. Esta normativa, impulsada por la Fiscalía General del Estado, tiene como objetivo reforzar los mecanismos legales para combatir los delitos sexuales cometidos por medios tecnológicos.
“Este caso demuestra la urgencia de contar con una normativa moderna que proteja a nuestros niños y niñas de este tipo de criminalidad digital cada vez más frecuente y sofisticada”, enfatizó Zeballos.
Desde la Fiscalía aseguraron que continuarán con las pesquisas necesarias y no descartaron nuevas aprehensiones.
