El gobierno de Luis Arce Catacora está buscando la aprobación de un contrato por 20 años con una empresa transnacional rusa en la Comisión de Economía Plural. Esta situación ha generado un fuerte rechazo por parte de los diputados de Comunidad Ciudadana, quienes han denunciado diversas irregularidades en el proceso.
La oposición sostiene que se está intentando forzar la aprobación de este contrato sin respetar resoluciones previas y en medio de serias acusaciones de corrupción.
Rechazo de la oposición
La diputada de Comunidad Ciudadana, Lissa Claros, manifestó que en la Comisión de Economía Plural se había acordado por unanimidad que este contrato se discutiría en el departamento de Potosí. Sin embargo, Claros señala que esta resolución está siendo ignorada.
Además, Claros expresó su preocupación sobre la posible movilización de la población boliviana ante lo que considera un intento del gobierno por “forzar” la aprobación del contrato. Aseguró que no permitirán que se lleve a cabo la sesión para discutirlo, ya que esto iría “por encima de la justicia” y de los derechos del pueblo potosino y de los pueblos indígenas originarios.
Opiniones de otros diputados
Alberto Astorga, otro diputado de Comunidad Ciudadana, también se pronunció sobre el tratamiento del contrato de litio. Astorga indicó que el gobierno debería suspender definitivamente esta sesión y esperar a que un nuevo gobierno pueda analizar estos contratos. “Dijimos que más bien el gobierno en este caso ordene a su alfil político que está aquí, Omar Yujra”, afirmó Astorga.
En relación con las propuestas sobre el litio, Jorge Tuto Quiroga destacó que no habrá privatización. Quiroga indicó que se analizará con la ciudadanía y distintos sectores cuál será el camino a seguir respecto a este recurso natural. Resaltó la importancia de generar consensos y dialogar con la gente de Potosí para abordar adecuadamente estos contratos.
Segundo contrato en poco tiempo
Es importante mencionar que este es el segundo contrato que se intenta aprobar en un corto período. Los parlamentarios han expresado su firme oposición a cualquier intento del gobierno por forzar su aprobación antes de que finalice su gestión.
