Un informe elaborado por la Universidad Unión Bolivariana (UB) ha revelado que un certificado presentado por Antonio de la Fuente y su abogado, José Uriarte, para solicitar la suspensión de la magistrada Fanny Coaquira en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es falso.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de La Paz, donde Coaquira reafirmó su condición de víctima en un caso que involucra a ocho imputados, entre los que se encuentran el exministro de Justicia César Siles y el magistrado suplente Iván Campero.
Detalles del informe
El documento dirigido al fiscal Ramiro Sullcani señala que, en relación con la certificación que se adjunta, supuestamente emitida por la Carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Unión Bolivariana, se debe aclarar que, según los informes de las unidades correspondientes, como la Jefatura de la Carrera de Derecho, la Jefatura de la Carrera de Ciencias de la Educación y la Unidad de Recursos Humanos, ninguna de estas instancias ha emitido certificación alguna sobre un caso específico.
Este informe confirma que la maniobra legal para apartar a Coaquira de su cargo se basó en un documento falsificado. Este informe es parte de un segundo caso abierto a denuncia de la magistrada Coaquira. El 6 de junio de 2025, el juez Marcelo Lea Plaza emitió una resolución que ha sido calificada como prevaricadora por los presidentes del Consejo de la Magistratura y del TSJ.
Irregularidades en la certificación
El documento menciona que “la firma impresa líneas arriba del nombre del jefe de la Carrera de Ciencias de la Educación no pertenece a ninguna autoridad competente”. Además, aclara que las carreras mencionadas son dos jefaturas distintas.
También se indica que el certificado utilizado por De la Fuente está firmado por Brayan Peñaloza, quien se identifica como director de la Carrera de Derecho. Asimismo, se señala una discrepancia en el lugar donde se expidió su cédula.
Situación actual de los implicados
Antonio de la Fuente se encuentra actualmente prófugo, mientras que José Uriarte tiene detención domiciliaria. Manolo Rojas, abogado de Uriarte, indicó que aún no han sido notificados sobre la denuncia y destacó que Uriarte cuenta con resguardos legales para ejercer su profesión.
Preocupación por el sistema judicial
La situación ha generado una creciente preocupación sobre el uso indebido del sistema judicial y sus implicaciones en la confianza pública hacia las instituciones.
