El Gobierno de Bolivia, a través del ministro de Hidrocarburos Alejandro Gallardo, ha defendido la necesidad de aprobar contratos para la explotación de litio en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Gallardo argumenta que esta aprobación permitirá al país estar preparado para un aumento en los precios del mineral que se prevé para el año 2032.
Sin embargo, esta propuesta enfrenta oposición por parte de varios legisladores y comunidades indígenas. Estos grupos cuestionan los términos de los contratos y la falta de consulta previa a las comunidades afectadas.
Argumentos del ministro
Gallardo indicó que “si no realizamos el proyecto ahora, no estaremos listos cuando los indicadores de mercado señalan que el precio del litio estará punteando”. Además, mencionó que, según empresas de inteligencia de mercado, en 2031 y 2032 se alcanzará el punto máximo de producción de combustibles fósiles, lo que dará paso a tecnologías emergentes como el litio y la electromovilidad.
La autoridad también señaló que, en caso de que se aprueben los contratos de litio en la ALP, la construcción y puesta en marcha de las plantas podría demorar entre 5 a 6 años. Si no hay contratiempos, estas plantas podrían estar en funcionamiento justo cuando mejoren los precios del litio. Gallardo añadió: “existe un criterio de oportunidad. Si nosotros no realizamos el proyecto ahora, no estaremos listos cuando los indicadores de mercado indican que el precio del litio estará punteando”.
Convenios firmados
A lo largo del Gobierno de Luis Arce, se han firmado 14 convenios que apuntan a la explotación de litio. A partir de esos primeros acuerdos, se firmó el año pasado un contrato con la empresa china CBC y otro con la rusa Uranium Group. Ambos contratos han sido firmados por Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) en representación del Estado boliviano; sin embargo, para que estos contratos entren en vigencia, se requiere la aprobación de la ALP.
Cuestionamientos de la oposición
La diputada Lissa Claros ha cuestionado que se busque aprobar estos contratos antes de que termine la gestión de Luis Arce. Además, señala que existe un fallo judicial que está pendiente de revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Por otro lado, los cívicos potosinos han expresado su preocupación, ya que, de acuerdo a los contratos, este departamento solo recibiría un 3% de regalías por la explotación del litio.
Reclamos de comunidades indígenas
Las comunidades indígenas también han reclamado que no se ha realizado una consulta previa a los pueblos afectados. En respuesta a este tema, el Gobierno ha señalado que aún no se ha llevado a cabo dicha consulta porque primero es necesario realizar estudios de factibilidad. Estos estudios ayudarán a definir en qué lugar se instalarán las plantas, y solo entonces se aplicará la consulta correspondiente.
