Parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS) negaron este martes 1 de julio de 2025 que hayan expulsado a miembros de la Policía o a instituciones del Estado del trópico de Cochabamba. Afirmaron que los efectivos policiales se retiraron “como delincuentes” y acusaron al Gobierno de llevar a cabo una campaña de desprestigio contra la región del Chapare.
Reacción del senador Loza
El senador Leonardo Loza cuestionó la narrativa del Gobierno que exige garantías para el regreso de la Policía. Aseguró que en ningún momento se impidió la entrada de instituciones estatales en la zona. “¿Quién ha expulsado a los policías? ¿Quién ha tocado un pelo a los policías? Lamento que, como delincuentes, de la noche a la mañana hayan desaparecido. Ahora piden garantías. ¿Cómo es esto?”, declaró a los medios de comunicación.
Denuncia del diputado Arce
Por su parte, el diputado Héctor Arce, también del MAS, denunció una supuesta estrategia de estigmatización contra los habitantes del Chapare, que, según él, es impulsada desde el Ejecutivo. “La región vive una campaña de desprestigio. La Policía se retiró por instrucción de Lucho Arce y no ha retornado hasta la fecha. No necesita garantías, la Constitución le da el mandato de resguardar la vida en todo el territorio nacional”, sostuvo.
Contexto de la situación
El 6 de junio de 2025, los policías que estaban destinados al Chapare fueron replegados a la ciudad de Cochabamba. Esto ocurrió en medio de un bloqueo de caminos realizado por seguidores del expresidente Evo Morales, quienes aseguraban que su candidatura presidencial estaba en juego. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, indicó la semana pasada que los uniformados volverán cuando existan garantías para su seguridad.
Rechazo a versiones del Gobierno
Ambos legisladores del MAS rechazaron las versiones del Gobierno y reclamaron que se suspendieron algunos servicios del Estado, como el Registro Cívico (Serecí) y el Servicio General de Identificación Personal (Segip). También mencionaron que el Banco Unión cerró sus oficinas, mientras que las entidades privadas continuaban operando con normalidad.
“Los bancos privados están funcionando perfectamente, el Ministerio Público está, los juzgados están funcionando (…) la región del trópico de Cochabamba es el mayor exportador del departamento (…) y hoy están siendo coartados de esos derechos”, agregó Arce. Además, adelantó que están evaluando llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la vulneración de garantías.
