Las organizaciones que forman parte de la Mesa de Derechos Humanos de Salta, en Argentina, han presentado una acción de hábeas corpus colectivo y preventivo ante el Juzgado Federal de Orán. Esta acción tiene como objetivo impedir el despliegue de efectivos militares en las fronteras con Bolivia, en el contexto del Plan Roca, que busca aumentar la vigilancia contra el narcotráfico.
Objetivo de la acción legal
El abogado de los demandantes, Martín Plaza, confirmó que la acción tiene como propósito evitar cualquier procedimiento que implique la restricción o privación de libertad por parte de los agentes de las Fuerzas Armadas hacia la ciudadanía. En particular, se refiere a las áreas donde se lleva a cabo el operativo Julio Roca, que incluye Tartagal, Aguas Blancas y Salvador Mazza.
Inconstitucionalidad del decreto
Plaza mencionó que a través de esta acción se busca declarar la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1112/2024. Este decreto permite a los efectivos militares detener a civiles en casos de flagrancia. Además, se solicita la inconstitucionalidad de la Resolución 347 del Ministerio de Defensa, que fue la que dio inicio al Plan Roca.
El abogado argumentó que ambos documentos son inconstitucionales, ya que van en contra de los derechos elementales y básicos, como la libertad ambulatoria, el debido proceso y el derecho a un juez natural, entre otros. Plaza también indicó que en la acción se solicita de manera cautelar que el Estado se abstenga de implementar el DNU 1112/2024 hasta que el juez se pronuncie sobre el tema.
Despliegue militar autorizado
A finales de abril de 2025, el ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, autorizó el despliegue de fuerzas militares en las ciudades fronterizas con Bolivia. Esta medida busca reforzar la vigilancia contra el narcotráfico y permitir la detención temporal de civiles que cometan delitos en casos de flagrancia.
Los Comités Cívicos de Tarija y Potosí han expresado su preocupación por la presencia de las Fuerzas Armadas argentinas, ya que consideran que esto podría deteriorar la relación bilateral entre ambos países.
Derechos de los ciudadanos
Henry Medrano, presidente del Comité Cívico de Yacuiba, afirmó que cualquier disposición, medida o acción que tomen las autoridades argentinas para combatir el delito debe respetar los derechos de los ciudadanos. Medrano subrayó que si se cumplen estas condiciones, las acciones son necesarias para proteger a la población.
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