Este martes, el Juzgado Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Colcha K emitió un fallo que ordena la “suspensión inmediata” de los contratos de litio con la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC.
El juez dispuso varias medidas cautelares, entre ellas la suspensión inmediata del tratamiento legislativo de los Proyectos de Ley N 170/2024-2025 y N 197/2024-2025. Estos proyectos buscaban aprobar contratos con las empresas Uranium One Group y CBC.
La Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl) informó sobre este fallo, indicando que presentó la acción popular en representación de 53 comunidades el pasado 12 de mayo.
Instrucciones a YLB y el Ministerio
Además, el juzgado instruyó a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y al Ministerio de Hidrocarburos a “abstenerse de ejecutar cualquier obra o acción administrativa vinculada a estos contratos hasta que se resuelva el fondo del proceso y se garantice el cumplimiento de las normas sobre derechos humanos, ambientales y de la Madre Tierra”.
Los dos contratos estaban a la espera de ser tratados por la Asamblea Legislativa, mientras se realizaban procesos de socialización.
Detalles de los contratos
En septiembre de 2024, YLB y Uranium One firmaron el primer contrato para producir 14.000 toneladas de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, Potosí. Este contrato utilizaría la tecnología de extracción directa de litio (EDL) con una inversión superior a 970 millones de dólares estadounidenses.
Posteriormente, en noviembre, se firmó el contrato entre YLB y la empresa china CBC para el emplazamiento de dos plantas de producción de carbonato de litio. Estas plantas tendrían capacidades de 10.000 y 25.000 toneladas anuales, con una inversión de 1.030 millones de dólares estadounidenses.
Reacciones en la Asamblea Legislativa
Ambos documentos fueron enviados a la Cámara de Diputados, donde los legisladores denunciaron que se trataba de acuerdos entreguistas. Además, afirmaron que no se habían socializado con las comunidades y que eran perjudiciales para el Estado.
La diputada Lissa Claros, de Comunidad Ciudadana (CC), celebró el fallo de la justicia. Aseguró que el Gobierno daba por hecho que se aprobarían los contratos, por lo que ya habían comenzado trabajos de operación sin autorización.
Paralización de trabajos de operación
“Con esto (el fallo) se estaría paralizando tanto los trabajos de operación que vienen haciendo estas trasnacionales en los salares de Uyuni, como el tratamiento en la Asamblea Legislativa”, indicó en entrevista con Radio Fides.
Según la legisladora, YLB no puede firmar contratos sin que se realicen estudios de impacto ambiental.
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