Las elecciones nacionales que están programadas para el 17 de agosto de 2025 enfrentan riesgos importantes. Esto se debe a la debilidad institucional del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y su dependencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Así lo advierten el periodista Edwin Cacho Herrera y el investigador Roger Cortez. Ambos analistas coinciden en que la crisis del sistema democrático en Bolivia se ha agravado desde 2017, cuando el TCP habilitó a Evo Morales para una nueva postulación presidencial.
Inicio de la crisis institucional
Cortez señala que la actual crisis institucional comenzó en 2017, cuando el TCP emitió un fallo que permitió a Morales postularse nuevamente. Esto ocurrió a pesar de que la Constitución prohíbe más de dos mandatos consecutivos y de que había perdido un referéndum en 2016 sobre esta restricción. Este año, el mismo TCP ratificó la prohibición de la reelección continua o discontinua para el presidente y el vicepresidente. Según Cortez, esta rectificación no es un compromiso democrático, sino una estrategia política para excluir a ciertos candidatos de manera selectiva.
“La oposición no reacciona porque está encubriendo al Tribunal. El TCP le niega la candidatura a Morales, y eso le resulta funcional. Pero lo que hay detrás es un fallo arbitrario, antojadizo y peligrosamente instrumentalizado”, comentó Cortez. Herrera, por su parte, criticó la debilidad estratégica de las fuerzas opositoras, acusándolas de enfocarse solo en alcanzar una segunda vuelta sin un proyecto político claro. “La oposición está pensando en cómo acomodarse mejor en la votación, no en ofrecer un horizonte político real. Lo que predomina es el marketing, no las ideas”, lamentó.
Fragmentación de la oposición
Ambos analistas cuestionaron la fragmentación del liderazgo cívico-político en Santa Cruz, que se presenta dividido en al menos 5 bloques en estas elecciones. Luis Fernando Camacho y Vicente Cuéllar apoyan la candidatura de Samuel Doria Medina; Rómulo Calvo se alinea con Manfred Reyes Villa; y Branko Marinkovic lidera la lista de senadores de la alianza Libre de Jorge Tuto Quiroga. Además, los Demócratas de Rubén Costas respaldan a Tuto Quiroga.
“Santa Cruz se ha partido en cinco. Camacho cree tener la llave del departamento, como si fuera su propietario. Eso ha generado distanciamientos con Cuéllar, que ya se notaron durante el paro de 36 días, y una rivalidad abierta con Rubén Costas”, explicó Herrera.
Candidatura de Andrónico Rodríguez
Ambos también cuestionaron la candidatura del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien ha sido calificado como rehén de sectores corporativos con intereses oscuros. “Dos fuerzas patrocinan su candidatura: los cooperativistas mineros, especialmente los auríferos, que operan como minería pirata, y los mal llamados interculturales, en realidad colonizadores que promueven el tráfico ilegal de tierras”, denunció Cortez.
Herrera aseguró que el TSE está atravesando una crisis interna grave, sin liderazgo ni jerarquía. “Hay una pérdida de institucionalidad. El TSE actúa como si fuera un apéndice judicial. Ha dejado de tener peso específico como órgano del Estado. Si no asume su rol con firmeza, las elecciones del 17 de agosto de 2025 están en vilo”, advirtió Herrera.

Amparos y suspensión de candidaturas
Ambos denunciaron que los recientes amparos que suspenden candidaturas forman parte de un plan deliberado para postergar el proceso electoral. Para Herrera, que Peter Erlwein Beckhauser haya admitido actuar por “despecho” debe ser motivo suficiente para desestimar sus acciones. “No es una casualidad. Este desorden es prácticamente parte de un plan que se está ejecutando en este momento”, denunció.
Cortez advirtió que Bolivia vive bajo un “régimen de excepción de facto”, donde el Poder Ejecutivo y Judicial actúan coordinadamente para neutralizar al Legislativo y someter al TSE. Herrera apuntó directamente al presidente Luis Arce, quien encabeza un intento de prórroga de mandato con la suspensión de elecciones: “Primero anuncia que no será candidato, y a los dos días aparece encabezando la lista al Senado”.
Necesidad de un TSE independiente
Ambos coincidieron en que la única forma de encauzar el proceso electoral es con un TSE independiente y valiente que se niegue a obedecer fallos contrarios a la Constitución. “El Tribunal Electoral debe declarar que no obedecerá ningún fallo que viole la Constitución. Si no lo hace, el proceso electoral está condenado al caos”, aseveró Cortez.
Finalmente, propusieron un pacto político serio entre oficialismo y oposición, con el compromiso de respetar las reglas democráticas: “Si no hay una enmienda de los conductores del proceso electoral y los actores políticos tomando como base la Constitución, las posibilidades de salir adelante serán muy difíciles”.
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