La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) denunció el 8 de mayo de 2025 la invasión armada del predio agrícola Santa Rita, ubicado en Santa Cruz, por parte de grupos irregulares. Esta situación ha impedido que se inicie la siembra de maíz y sorgo en la propiedad.
La propietaria del terreno, Melisa Barba, informó sobre el aumento de la violencia por parte de los ocupantes y la falta de acción de las autoridades competentes. Esto ocurre a pesar de que existen medidas judiciales que prohíben el avasallamiento del predio.
Según Anapo, este es el cuarto avasallamiento registrado en la propiedad, a pesar de contar con medidas precautorias emitidas por la justicia boliviana. Estas medidas prohíben cualquier intento de ocupación y ordenan el desalojo inmediato en caso de intrusión. Jaime Hernández, gerente general de Anapo, afirmó: “El predio ha sido nuevamente invadido por personas encapuchadas y armadas. Esto constituye un ataque directo al derecho a producir”.
Violencia y amenazas
Barba declaró que los ocupantes han actuado con violencia y han amenazado al personal agrícola que trabaja en el lugar. “Nos preocupa profundamente la inacción de las autoridades, pese a que los responsables están identificados”, comentó.
En este contexto, la Hacienda Santa Rita cuenta con medidas precautorias y una orden de desapoderamiento emitida por una autoridad judicial competente. Estas medidas prohíben expresamente cualquier intento de avasallamiento e instruyen a la Policía a realizar el desalojo inmediato en caso de ocupación.
Reiteradas invasiones
No obstante, el predio ha sido invadido nuevamente por grupos que han amenazado tanto a los trabajadores como a los propietarios, generando un ambiente de zozobra e impidiendo el trabajo agrícola. Barba agregó: “La propiedad ha sido avasallada por cuarta vez, cada vez con mayor violencia. Claramente su objetivo es apoderarse de todo, actuando de manera organizada”.
Además, hizo un llamado urgente para que se tomen medidas efectivas ante la inacción conocida por las autoridades.
Exigencias de Anapo
Por su parte, Anapo exigió al Ministerio de Gobierno y a la Policía Boliviana que ejecuten la orden judicial de desalojo y garanticen condiciones de seguridad para el desarrollo de la actividad productiva.
Hernández concluyó: “Sin respeto al Estado de derecho y sin seguridad jurídica, la producción de alimentos en el país está en riesgo”.
