El precandidato presidencial Fausto Ardaya, representante de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), ha declarado que su organización no reconocerá el próximo gobierno que se forme tras las elecciones nacionales programadas para agosto de 2025. Esta postura surge como respuesta a la exclusión de las organizaciones indígenas por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Ardaya sostiene que esta decisión infringe el pacto constitucional que asegura la participación indígena en la política. Además, denuncia que se trata de una maniobra del Estado para marginar al 65% de la población indígena.
Exclusión de organizaciones indígenas
La Sala Plena del TSE rechazó la participación de las organizaciones indígenas a nivel nacional, argumentando que esto va en contra de la Ley 1096, que limita su participación a elecciones subnacionales. Las organizaciones que han sido excluidas son: el Consejo Nacional de Suyus Aymaras y Quechuas del Qullasuyo, Pueblos Indígenas Originarios (Consaq-Bolivia), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originario Campesinas (Conaioc).
Denuncias contra el gobierno
El precandidato Ardaya ha denunciado que los cuatro órganos del Estado han sido alineados por el gobierno de Luis Arce con el objetivo de dar un golpe a la democracia popular en Bolivia. En este contexto, Ardaya ha afirmado que ya se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Alianzas con otros sectores
Ardaya también ha advertido que la Cidob buscará formar alianzas con sectores gremiales, artesanos y otras organizaciones sociales. “Lo que están buscando es que nosotros nos organicemos como que ya estamos los indígenas, hagamos una alianza con los mestizos y los trabajadores gremialistas, transportistas, los trabajadores campesinos y hagamos un movimiento popular democrático y con rebeldía democrática”, explicó.
Legitimidad de las elecciones
Según el criterio de Ardaya, las elecciones generales del 17 de agosto de 2025 carecen de legitimidad y legalidad. “Hay 10 partidos políticos que tienen siglas y hay 10 señores que tienen plata para comprar esas siglas”, concluyó.
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