El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ángel Edson D. R., enfrenta una denuncia penal por supuesta falsificación de documentos oficiales. Estas acciones habrían sido realizadas para cumplir con los requisitos necesarios para postularse al cargo que actualmente ocupa. Dávalos ha negado de manera contundente todas las acusaciones en su contra.
Detalles de la denuncia
La denuncia fue presentada por Rolando Reinaga Grageda, un ciudadano que acusa al magistrado de haber extendido fraudulentamente su experiencia profesional. Esto habría sido un intento de habilitarse como candidato durante el proceso de preselección para las elecciones judiciales.
El abogado Sergio Gómez, quien forma parte del equipo jurídico del denunciante, explicó que la falsificación se remonta a la etapa previa a las elecciones judiciales, que se llevaron a cabo en diciembre de 2024.
Documentación adulterada
Según la denuncia, la autoridad habría utilizado una certificación falsificada emitida por el Consejo de la Magistratura de Chuquisaca. Esta certificación indicaba que había ejercido como Vocal Constitucional hasta el 10 de septiembre de 2021, cuando en realidad dejó ese cargo el 4 de junio de 2021. Esta información se puede corroborar con documentación oficial presentada ante la Contraloría General del Estado.
Durante el periodo de tres meses y cinco días en el que supuestamente estuvo en funciones, el magistrado habría cobrado salarios sin desempeñar sus funciones, lo que podría constituir usurpación de funciones y cobro indebido de recursos del Estado.
Progreso de la denuncia
La denuncia, que cuenta con respaldos como certificaciones, actas judiciales y registros de personal, fue inicialmente desestimada por la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, luego fue aceptada por el Ministerio Público, que ha concluido la etapa preliminar y se prepara para avanzar hacia una imputación formal.
El abogado Gómez ha señalado que hay presiones desde el Ministerio de Justicia para detener el avance del proceso. A pesar de haber sido notificado, la autoridad decidió no declarar, lo cual es una decisión legal, pero genera inquietud dado su estatus como alta autoridad del sistema judicial.
Cuestionamientos sobre la transparencia
Reinaga, el denunciante, ha cuestionado que, a pesar de la exigencia de transparencia en las recientes elecciones judiciales, se permitió que una candidatura basada en documentos manipulados fuera habilitada.
Además, advirtió que la designación de este magistrado es parte de una estructura mayor de corrupción que incluye el manejo discrecional de nombramientos, sanciones y promociones dentro del Órgano Judicial, así como presuntas manipulaciones en Derechos Reales.
Respuesta del magistrado
Por su parte, el magistrado señalado ha rechazado categóricamente las acusaciones, asegurando que se trata de una denuncia motivada por intereses personales y políticos. Afirmó que esta denuncia no es nueva, sino que fue presentada durante el proceso electoral judicial con el objetivo de inhabilitarlo como candidato.
El magistrado indicó que la impugnación fue evaluada por la Comisión Mixta de Constitución, que solicitó al Consejo de la Magistratura verificar los documentos cuestionados. El Consejo confirmó la autenticidad de las certificaciones emitidas, lo que permitió su habilitación.
Defensa del magistrado
También sostuvo que no participó en la elaboración de los documentos en cuestión y que las certificaciones fueron emitidas directamente por el Consejo. Además, afirmó que el denunciante actúa como “palo blanco” de un actor político vinculado a su suplente, quien se beneficiaría directamente de su posible inhabilitación o destitución.
El magistrado también mencionó que ya existe una resolución del Ministerio Público que rechazó la denuncia inicial y que la nueva acusación se basa en los mismos hechos. Aseguró que continuará defendiendo su posición por la vía legal y denunció que este tipo de acciones buscan desacreditarlo y forzar su salida del cargo, después de no haberlo logrado en las urnas.
Finalmente, destacó que otros vocales que firmaron certificaciones similares no han sido objeto de denuncia, lo que, a su juicio, demuestra un ensañamiento selectivo en su contra. El caso sigue en etapa de investigación.
