Por: Miguel Angel Amonzabel Gonzales
La memoria histórica es uno de los activos más valiosos de una nación. Sin ella, los pueblos están destinados a repetir sus errores, tropezando una y otra vez con las mismas piedras. Bolivia enfrenta hoy un escenario económico alarmantemente familiar para quienes vivieron los años ochenta: escasez de divisas, mercado paralelo del dólar en ascenso, reservas internacionales en caída libre y un Estado que persiste en negar la realidad. Bolivia se olvidó la lección del 21060. ¿Por qué tropieza dos veces con la misma piedra?
En 1985, Bolivia vivió uno de los capítulos más dramáticos de su historia económica: una hiperinflación que superó el 20.000% anual. Este fenómeno devastador pulverizó salarios, ahorros y la confianza en la moneda nacional. La gente recibía su sueldo y corría al mercado para gastar antes de que los precios se duplicaran al día siguiente. La economía estaba al borde del colapso, el Estado no podía pagar sueldos, y la pobreza alcanzó niveles sin precedentes. A esa crisis se respondió con el polémico pero decisivo Decreto Supremo 21060, que logró detener en seco la espiral inflacionaria y estabilizar la economía.
Casi cuatro décadas después, Bolivia enfrenta una nueva crisis económica de carácter distinto, pero con raíces semejantes: exceso de gasto público, emisión monetaria disfrazada, distorsión de precios, pérdida de reservas internacionales, tipo de cambio paralelo en alza y un Estado en negación. No hay hiperinflación como en los ochenta, pero sí una creciente escasez de divisas, una economía informal desbordada y un modelo que hace agua por todas partes. El problema no es solo económico, sino profundamente cultural: los bolivianos no aprendimos de la hiperinflación ni del 21060. Y, como ocurre cuando se ignora la historia, estamos condenados a repetirla.
Durante los años previos a 1985, Bolivia enfrentó un cóctel explosivo de déficit fiscal crónico, financiamiento monetario del gasto público y una economía cerrada y estatista. La caída del precio del estaño —principal producto de exportación— dejó al país sin ingresos. Para cubrir los huecos fiscales, el Estado simplemente imprimía dinero. Entre 1982 y 1985, el gobierno de Hernán Siles Zuazo perdió completamente el control macroeconómico.
El 21060 fue una medida de estabilización adoptada por el presidente Víctor Paz Estenssoro que se tradujo en un shock económico. Liberó precios, eliminó subsidios, congeló salarios, devaluó la moneda y relocalizó a miles de trabajadores del sector minero. Fue doloroso, pero evitó el colapso total y sentó las bases de una estabilidad económica sin precedentes por más de una década.
El decreto tuvo cierto respaldo electoral inicial. En 1989, los tres partidos principales que lo defendían sumaron un 72,6% del voto. Incluso el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) proponía continuar con el modelo. En 1993, su apoyo se mantenía en un 56,6%, pero ya empezaba a sentirse un desgaste que culminaría hacia el 2000. La falta de renovación política, el clientelismo y la corrupción debilitaron el consenso.
El problema fundamental fue que este trauma colectivo nunca se acompañó de una pedagogía pública que explicara su necesidad. Al no haber un proceso de comprensión popular, el recuerdo del 21060 quedó asociado al dolor, no a la solución. Fue visto como una imposición del FMI, no como una respuesta racional ante una catástrofe económica nacional.
El sistema educativo tampoco ayudó. La economía se enseña desde una perspectiva ideologizada, dominada por el marxismo y el rechazo automático al liberalismo. No se promueve el pensamiento crítico ni el análisis histórico con datos. La hiperinflación y el 21060 apenas figuran en los programas escolares, y cuando lo hacen, se reducen a una caricatura ideológica. En pocas palabras: Bolivia no recuerda porque nunca entendió.
Durante el “proceso de cambio”, el MAS impuso una narrativa oficial que demonizó todo el pasado como “neoliberal”, borrando del imaginario colectivo los logros estabilizadores del ajuste de 1985. Esta reescritura interesada —difundida desde el Estado, reforzada por los medios y sostenida por la educación— distorsionó la comprensión del pasado económico y desacreditó el conocimiento técnico. La sociedad quedó desprovista de herramientas conceptuales para reconocer las señales de una nueva crisis.
A diferencia de otros países que, pese a sus giros políticos, mantienen una élite técnica activa, Bolivia experimentó un desmantelamiento sistemático de sus espacios de debate económico. Desde 2006, economistas con formación rigurosa fueron marginados del debate público, estigmatizados como “neoliberales”. Sin voces que explicaran el contexto y los efectos del 21060 de forma didáctica, el vacío fue llenado por relatos ideológicos o mitos.
El largo período de bonanza (2006–2014), gracias al auge del gas, permitió financiar un modelo de gasto y empresas estatales que creó la ilusión de haber superado el pasado sin recurrir a ajustes. Pero hoy, sin esos ingresos extraordinarios, el modelo del MAS se tambalea: las reservas están en mínimos históricos, el tipo de cambio paralelo se dispara, los subsidios a los combustibles son una bomba de tiempo y las empresas estatales generan pérdidas crónicas. Y, como en los ochenta, el gobierno niega la realidad.
Bolivia enfrenta una situación económica crítica que recuerda a la de 1985, con desequilibrios fiscales, escasez de divisas y un modelo agotado. A diferencia de aquel entonces, hoy el país tiene un precedente histórico del cual aprender, si es que decide enfrentar la realidad antes de que una nueva crisis imponga ajustes más dolorosos y traumáticos.
Romper este ciclo de colapsos y amnesia colectiva requiere reconstruir el debate económico plural, rescatar la memoria técnica del 21060 sin dogmas y fortalecer la educación económica ciudadana. La gran interrogante es si esta vez seremos capaces de recordar a tiempo o, como advirtió el filósofo George Santayana, estamos condenados a repetir nuestra historia por haberla olvidado.
Miguel Angel Amonzabel Gonzales es: Investigador y analista socioeconómico
