Gobierno debe actuar ante toma de instalaciones en el Chapare, afirma diputadoAlarcón

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, ha solicitado al gobierno que actúe en la región del Chapare. Su petición se centra en desalojar a quienes han tomado instalaciones esenciales de servicios públicos. Alarcón argumenta que la falta de presencia del Estado en esta área pone en riesgo el cumplimiento de los mandatos constitucionales.

Además, Alarcón ha cuestionado la inacción de la Policía. Sugiere que podría haber un cálculo electoral detrás de la decisión de no arrestar al expresidente Evo Morales, quien ha sido señalado por presuntos fraudes y violaciones a los derechos humanos durante su mandato.

Presencia del Estado

El diputado enfatiza que el Estado debe estar presente en todo el país. Resalta la importancia de garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales. También ha cuestionado los beneficios que tiene este sector, lo que podría explicar por qué hasta
ahora no se ha realizado ninguna acción policial en el Chapare.

Alarcón menciona que esta situación “puede ser un cálculo electoral” por parte del Presidente Luis Arce. Según él, el presidente podría estar considerando una detención del expresidente como parte de su campaña.

Consecuencias de la toma

El diputado ha advertido que permitir la toma de aeropuertos en el Chapare podría abrir la puerta a situaciones similares en otras regiones. Menciona lugares como Viru Viru, El Alto o Cochabamba como posibles escenarios de conflicto. Afirmó que “el Estado tiene que dar las garantías al pueblo de Bolivia” para contrarrestar estos excesos y delitos.

Alarcón enfatiza que se debe utilizar “el uso necesario y proporcional de la fuerza pública” para mantener el orden en estas situaciones. Su postura es clara: el Estado debe actuar para asegurar la paz y la legalidad.

Respeto a la Constitución

Finalmente, Alarcón concluye que nadie está planteando violaciones a los derechos humanos. En cambio, se busca el respeto mínimo del cumplimiento de la Constitución y de la ley. La intervención del Estado es vista como una necesidad para salvaguardar el orden y la justicia en el país.