La diputada de Comunidad Ciudadana, Lissa Claros, ha presentado una Petición de Informe Oral (PIO) al ministro de Hidrocarburos y Energía, Alejandro Gallardo Baldiviezo. El objetivo de esta solicitud es discutir la escasez de combustible en Bolivia y el notable incremento del 700% en el costo de la subvención entre 2015 y 2024.
Durante la comparecencia, la diputada Claros cuestionó la falta de respuestas del ministro sobre las razones detrás de este aumento y su conexión con los precios internacionales del combustible. La diputada destacó que en 2015, el Estado boliviano gastó 1.700 millones de bolivianos en combustible subvencionado. Sin embargo, para el año 2024, esa cifra se disparó a 13.000 millones de bolivianos.
Este aumento representa un cambio significativo en el costo de la subvención, que pasó de 100 bolivianos por unidad a 700 bolivianos. Claros expresó su preocupación por la ausencia de explicaciones claras por parte del ministro respecto a este incremento.
Críticas a la gestión gubernamental
La diputada también afirmó que “el Estado boliviano le está robando a los bolivianos a su pretexto de subvención”. Además, criticó al ministro por atribuir el aumento a la subida de precios internacionales. Según su investigación, los precios internacionales han disminuido, lo que contrasta con el aumento del 700% reportado en Bolivia.
Esta discrepancia genera dudas sobre la transparencia del gobierno en relación con la situación del combustible en el país. Claros denunció que hay funcionarios que intentan ocultar información sobre un posible desfalco en las arcas del Estado bajo el pretexto de la subvención.
Posible corrupción en el ministerio
La diputada aseguró que “este incremento no responde al supuesto dato del incremento en el precio internacional”, lo que pone en evidencia una posible corrupción dentro del ministerio. La falta de claridad en las explicaciones del ministro alimenta las sospechas sobre la gestión de los recursos públicos.
Conclusiones sobre la situación
Claros concluyó que es inaceptable que se produzca un aumento tan drástico en el costo de la subvención sin una explicación adecuada. La situación actual plantea serias interrogantes sobre la gestión gubernamental y su impacto directo en los ciudadanos bolivianos.
