La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ha admitido una Acción Popular presentada por la concejal Roxana Pérez Del Castillo. Esta acción se lleva a cabo en defensa de los derechos de la población paceña, especialmente ante el reciente aumento de tarifas en el transporte público y las deficiencias en el servicio que se ofrece.
La audiencia está programada para el 23 de abril de 2025 a las 16:00 horas. En esta ocasión, deberá comparecer el alcalde Iván Arias para abordar los temas planteados en la Acción Popular.
Objetivos de la Acción Popular
La Acción Popular fue interpuesta el 15 de abril y tiene como objetivo la elaboración de un estudio técnico que evalúe la situación actual del transporte público. La concejal exige que se garantice un servicio accesible para toda la ciudadanía. Esta acción busca proteger los intereses del pueblo y no está relacionada con favores de campaña ni intereses sectoriales, según se ha afirmado.
Pérez Del Castillo ha solicitado al Órgano Judicial que se ordene la realización de un nuevo estudio técnico. Este estudio debe contemplar estándares de calidad, el cumplimiento de rutas completas, el control del trameaje y la implementación de tarifas diferenciadas en todas las modalidades de transporte.
Críticas al servicio actual
“La ciudadanía está pagando más por un servicio que no mejora. Es inaceptable que se imponga un tarifazo mientras se incumple la ley y se desprotege a los más vulnerables”, afirmó la concejal durante una de sus declaraciones.
Además, denunció que el Ejecutivo Municipal no ha fiscalizado ni controlado adecuadamente al sector del transporte desde 2016. Según un estudio técnico elaborado por el propio Gobierno Municipal, los operadores no cumplen con los estándares mínimos requeridos.
Responsabilidades del Ejecutivo Municipal
“El deber del Ejecutivo Edil es ejercer control sobre las paradas, eliminar el trameaje, garantizar el mantenimiento de vías y una planificación eficiente en materia de movilidad. Esta Acción Popular exige precisamente que el alcalde cumpla con estas responsabilidades”, agregó Pérez Del Castillo.
Propuestas tecnológicas
La concejal también propuso el uso de tecnología como GPS en las unidades de transporte para frenar el trameaje. Sin embargo, aclaró que estos sistemas deben ser financiados por el Gobierno Municipal, sin trasladar el costo a los transportistas.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para que se mantenga vigilante y exija un servicio público de calidad. “Los paceños debemos ser escuchados. No permitiremos más indiferencia frente a nuestras necesidades. Es momento de exigir un cambio real”, concluyó.
Desde 2016, la falta de fiscalización ha generado preocupaciones sobre la calidad del servicio público. Los operadores han sido señalados por no cumplir con estándares mínimos en seguridad y comodidad, lo que afecta directamente a los usuarios del transporte público en La Paz.
