El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, denunció este martes 15 de abril de 2025 que la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, encargada de investigar el caso Botrading, está siendo saboteada por parlamentarios del oficialismo. Esto impide el avance de una indagación que podría destapar una amplia red de corrupción en el sector hidrocarburos.
Según Alarcón, tras recibir la documentación solicitada a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la comisión realizó una primera revisión general. En esta revisión se detectaron “indicios relevantes” que sugieren que lo revelado hasta ahora es solo “la punta del iceberg”.
Demoras en la investigación
El diputado denunció que, a pesar de tener los documentos disponibles, la comisión no ha sesionado hasta la fecha. Atribuyó esta demora a una estrategia de encubrimiento por parte del presidente de la comisión y de diputados del Movimiento Al Socialismo.
“El día de ayer (lunes) ya deberíamos haber sesionado para seguir evaluando y analizando la documentación, pero el presidente de la Comisión y los diputados oficialistas han postergado para el miércoles. Entonces, claramente están en una estrategia de postergación, de sabotaje, de encubrimiento porque no quieren que se revise a fondo esos documentos. (…) El 26 de mayo de 2025 fenece el tiempo de funciones de la Comisión”, reclamó el parlamentario.
Irregularidades en la empresa
Entre los elementos que levantaron sospechas está la constitución de la empresa YPFB Internacional en Paraguay, en octubre de 2019. Esta empresa fue creada con un capital social de apenas 37 mil dólares y tiene una abogada extranjera como accionista minoritaria y presidenta de la sociedad.
Para Alarcón, esta situación constituye una anomalía, especialmente porque la sociedad fue creada sin la autorización de la Asamblea Legislativa. Esto es relevante ya que sus objetivos incluían actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, lo cual contraviene el artículo 362 de la Constitución.
Reactivación y cambios de nombre
El diputado también cuestionó que esta sociedad fue creada en los últimos días del gobierno de Evo Morales y fue reactivada en 2022 por la administración de Luis Arce sin subsanar las irregularidades legales. Posteriormente, en 2023, la empresa cambió su nombre a Botrading y continuó operando como intermediaria en la compra de combustibles.
Alarcón consideró esta situación innecesaria y sospechosa, ya que YPFB podría realizar estas adquisiciones de manera directa. Otro de los hallazgos que genera preocupación es el aparente conflicto de intereses del actual presidente de Yacimientos de Litio Boliviano, Álvaro Arnez Saigua, quien fue gerente de YPFB Refinación y a la vez presidente de Botrading.
Manipulación en licitaciones
Alarcón cuestionó esta situación, considerando que Arnez, con ambas funciones, estuvo en posición de “comprarse y venderse a sí mismo” combustible entre ambas entidades. Asimismo, denunció que en una licitación realizada en 2024, Botrading presentó el precio más alto mientras que Petroperú ofreció el precio más bajo.
A pesar de esto, la adjudicación a la empresa peruana fue anulada por un supuesto error en las especificaciones técnicas del pliego. Esto, para Alarcón, evidencia una manipulación del proceso para favorecer a la subsidiaria boliviana.
Red de corrupción
El parlamentario remarcó que las irregularidades detectadas en una revisión preliminar ya muestran una posible red de corrupción mucho mayor. Pidió a los medios de comunicación hacer seguimiento al trabajo de la comisión para garantizar transparencia y advirtió que el plazo para emitir el informe vence el 26 de mayo de 2025.
El caso Botrading ha sido objeto de críticas por presuntos sobreprecios, posibles vínculos con lavado de dinero y un modelo de negocio poco transparente. Anteriormente, YPFB defendió a Botrading, afirmando que es una empresa boliviana que provee combustibles al país y mantiene relaciones comerciales con empresas internacionales como Petrobras y Pluspetro.
