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Paralizan juicio por caso Golpe I hasta que el TCP resuelva recurso por el delito de terrorismo

Luis Fernando Camacho a su salida al juicio / APG Archivo
El Tribunal Sexto de Sentencia ha suspendido el juicio tras un recurso de inconstitucionalidad sobre el delito de terrorismo.

El juicio por el caso conocido como Golpe de Estado I fue suspendido este jueves hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tome una decisión sobre el recurso de inconstitucionalidad que se ha presentado en relación al delito de terrorismo.

Esta decisión fue adoptada por el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz en la fase final del proceso, justo después de que se completara la presentación de las pruebas de cargo y de descargo.

Suspensión del juicio

El jurista Martín Camacho explicó que el juicio debería entrar en un estado de suspensión, lo que incluye los alegatos y la sentencia, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa del gobernador Luis Camacho.

Diego Gutiérrez, abogado del excívico Marco Antonio Pumari, también comentó que la suspensión de los plazos procesales se mantendrá hasta que el TCP emita un fallo sobre la inconstitucionalidad del delito que enfrenta el gobernador electo cruceño, Luis Fernando Camacho.

Consecuencias del fallo

“Mientras no exista este pronunciamiento, el juicio se detendrá y seremos convocados nuevamente cuando haya una sentencia constitucional al respecto”, afirmó Gutiérrez.

Si el TCP determina que el delito de terrorismo es inconstitucional, esto implicaría que se anularían todos los documentos y pruebas relacionadas con este tipo penal, que es el núcleo de toda la acusación, según lo indicado por Gutiérrez.

Reacciones políticas

El asambleísta departamental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, confirmó la paralización del juicio debido al recurso presentado y opinó que la liberación de Camacho debería ser “inmediata”.

En el caso de Pumari, solo se le está imputando el delito de uso indebido de bienes del Estado. Según el jurista, este delito es considerado un “delito administrativo” que justificaría su liberación.


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