El Gobierno de Bolivia ha rechazado un informe del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que calificó como arbitraria la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Las autoridades bolivianas argumentan que el documento es sesgado y desactualizado.
Esta declaración se realizó después de que se presentó el reporte que analizó el caso y concluyó que la aprehensión de Camacho vulneró principios de igualdad y derechos humanos.
Reacción del Gobierno boliviano
El comunicado emitido por el Ministerio de Justicia señala: “En dicho marco y con tal explicación, Bolivia no reconoce ni admite la opinión del Grupo de Trabajo por considerarlo sesgado, con información parcial y desactualizada. Más aún cuando la misma opinión expresa que cualquier punto de vista y opinión presentados son exclusivamente del autor y no representan necesariamente los de la ONU o de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
La semana pasada se conoció el informe de este organismo internacional, que analizó el expediente del caso con las exposiciones de la defensa de la autoridad departamental y del gobierno. Este concluyó que la detención de Camacho fue arbitraria porque se vulneró el “principio de igualdad de los seres humanos, al haber estado motivada por su opinión política de dirigente”.
Limitaciones del informe
La instancia del Estado también indicó que las recomendaciones del grupo no tienen carácter vinculante ni obligatorio, y no pueden sustituir los procedimientos judiciales internos. Además, no pueden ser considerados como informes de Estado y mucho menos como resoluciones o sentencias del sistema de protección de derechos humanos.
Los procesos instaurados contra Camacho están en pleno desarrollo, como el caso golpe I, que se encuentra en la etapa de juicio oral. Se espera la resolución que emitan las autoridades judiciales. Afirman que el acusado ejerce todas las medidas legales, incluyendo acciones de defensa y de inconstitucionalidad.
Decisión de la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha rechazado otorgar medidas cautelares solicitadas por la defensa del gobernador, al no existir evidencias sobre una detención arbitraria. Por lo tanto, decidió archivar el proceso.
El comunicado también menciona: “Informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH han confirmado que los hechos ocurridos en el último trimestre de 2019 ocasionaron graves vulneraciones de derechos humanos, con un saldo de 37 fallecidos. Estos hechos fueron catalogados como masacres e incluyeron en su análisis y pronunciamiento los actos previos a la asunción inconstitucional del mando de la señora Jeanine Añez, identificando como protagonista al señor Camacho y otros líderes de la oposición política”.
Conclusiones del Grupo de Trabajo
El informe del Grupo de Trabajo indicó que la privación de libertad de Camacho contraviene 8 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Consideró que el gobernador debe ser liberado inmediatamente y se le debe conceder el derecho a obtener una indemnización y otros tipos de reparación conforme al derecho internacional.
