Este martes, se llevó a cabo una reunión entre las autoridades del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gador) y el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom). El objetivo fue abordar la controversia existente sobre los procedimientos técnicos relacionados con el control y la fiscalización en la recaudación de regalías mineras.
Como resultado de este encuentro, se decidió que la Sociedad Estatal de Autonomías (SEA) se encargue de revisar las normativas actuales y asegurar su cumplimiento estricto. El gobernador de Oruro, Johnny Vedia, expresó que hay dudas por parte de las autoridades del Senarecom en relación con el decreto departamental y el decreto supremo que regulan la toma de muestras de minerales.
Vedia explicó que el problema radica en que el Senarecom realiza una toma de muestra para el recálculo del mineral. En contraste, la normativa que maneja la Gobernación establece que la toma de muestra debe hacerse no para el recálculo, sino en función de la caracterización del mineral y sus componentes.

Diferencias en la toma de muestras
Al identificar esta discrepancia, ambas instituciones acordaron enviar las normativas a la SEA para que realice una revisión y emita su criterio. El gobernador destacó la importancia de resolver este asunto, ya que puede generar variaciones en la ley que se aplica al mineral, lo que afecta la recaudación de regalías mineras y, en consecuencia, perjudica económicamente al departamento.
“Nuestro objetivo es mejorar la recaudación por regalías mineras en beneficio del departamento. Por ello, seguiremos trabajando y fortaleciendo la colaboración entre el Senarecom y la Gobernación”, afirmó Vedia.
Esperando el fallo de la SEA
Por su parte, el director ejecutivo del Senarecom, Juan Carlos Escobar Ventura, indicó que se esperará el fallo de la SEA para tener una posición clara que favorezca el control y la recaudación de regalías mineras. Además, mencionó que se continuará trabajando conjuntamente con los funcionarios de la Gobernación para lograr una mayor fiscalización en el procedimiento de recaudación de regalías mineras.