La Corte Suprema de Brasil ha decidido imputar al expresidente Jair Bolsonaro por cinco delitos que están relacionados con un supuesto intento de golpe de Estado. Este intento habría buscado anular la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022.
La denuncia no solo incluye a Bolsonaro, sino también a otros altos funcionarios militares y del Gobierno de Bolsonaro. Se basa en acciones que tuvieron lugar antes y durante los eventos del 8 de enero de 2023, cuando se produjeron invasiones violentas a varias sedes gubernamentales.
Delitos y penas
Los delitos por los que el exmandatario será juzgado tienen penas que oscilan entre 6 meses y 12 años de prisión cada uno. Sin embargo, la legislación brasileña establece un límite de 30 años para la privación de libertad. Si se llega a una condena, el cálculo de la pena dependerá de si los magistrados consideran que cada crimen es independiente o si algunos de ellos están incluidos dentro de otros más amplios.
El delito más grave que se le imputa a Bolsonaro es el «intento de deponer, por medio de la violencia o amenaza grave, al Gobierno legítimamente constituido». Este delito tiene una pena prevista de entre 4 y 12 años. La denuncia sostiene que este propósito se evidenció en los “ataques recurrentes” al proceso electoral y en la “manipulación indebida” de las fuerzas de seguridad para interferir en los comicios.
Intento de abolición del Estado
Otro de los delitos que se le imputa es el intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho. Este delito prevé un castigo de entre 4 y 8 años. Se centra en el intento de “impedir o restringir el ejercicio de los poderes constitucionales”, que incluyen al Poder Legislativo y Judicial. Según la denuncia, Bolsonaro y otros acusados “minaron” los poderes constitucionales frente a la opinión pública e “incitaron a la violencia contra sus estructuras”.
Organización criminal armada
La Fiscalía también acusa a Bolsonaro de liderar una organización criminal armada, un delito que conlleva una pena de entre 3 y 8 años. Esta organización supuestamente desarrolló una “orden jerárquico”, tuvo influencia militar y estableció una “división de tareas” entre sus integrantes.
Además, se le imputa el deterioro del patrimonio protegido, un delito que acarrea una pena de entre 1 y 3 años para quien actúe para “destruir, inutilizar o deteriorar” bienes protegidos por la ley. La trama liderada por Bolsonaro brindó apoyo “moral y material” a quienes invadieron violentamente las sedes del Supremo, Congreso y Presidencia en enero de 2023.
Daño calificado al patrimonio
Por último, se le atribuye daño calificado contra patrimonio público. Este delito se define como aquel daño cometido con violencia y que causa un perjuicio «considerable» para la víctima. La pena de cárcel para este delito varía entre 6 meses y 3 años, y está relacionado con la destrucción ocurrida durante los eventos del 8 de enero.
