A partir de la segunda semana de marzo, tras los festejos por Carnaval, varios sectores sociales llevarán a cabo movilizaciones en rechazo a los contratos de litio que el Gobierno ha firmado con empresas extranjeras. Esta afirmación fue realizada este miércoles 26 de febrero por la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Lissa Claros.
“En la segunda semana van a haber movilizaciones a nivel nacional porque el Gobierno sigue en su tozudez de querer aprobar estos contratos a la fuerza, imponiendo sobre la voluntad del pueblo boliviano”, declaró Claros.
La diputada criticó al Presidente Luis Arce por intentar imponer estos contratos sin haber realizado una socialización previa con la población. Según ella, estos acuerdos son perjudiciales para el sudoeste potosino y no ofrecen beneficios adecuados para el país.
Exigencias del pueblo potosino
“No le hemos pedido ninguna información ni ninguna socialización porque el pueblo potosino y boliviano ya está informado del contenido del desastre de esos contratos. Lo que le hemos exigido es que se archiven estos contratos”, afirmó Claros.
Desde hace meses, diversos sectores han manifestado su oposición a estos acuerdos con la rusa Uranium One Group y la china Hong Kong CBC Investment Limited. Señalan que no fueron socializados adecuadamente, que representan un riesgo ambiental para el Salar de Uyuni y que las regalías establecidas son insuficientes.
Propuesta de ley del litio
En este contexto, Claros enfatizó que la única solución viable es la aprobación de una ley del litio antes de cualquier negociación con empresas extranjeras. Indicó que dicha norma lleva 2 años en la Comisión de Economía Plural.
“Luis Arce pretende imponer estos contratos sin el consentimiento del pueblo. (…) No podemos permitir que se firmen acuerdos que entregan cerca del 80% de los beneficios a las transnacionales, mientras Bolivia apenas recibe migajas. (…) El Gobierno ha demostrado que no tiene un verdadero plan de industrialización del litio”, sostuvo.
Respuesta del Gobierno
Por su parte, el Gobierno ha sostenido que Bolivia se quedará con el 70% de los ingresos generados y que las empresas asumirán la inversión y los riesgos. Sin embargo, debido a la presión social y política, el tratamiento de los contratos en la Cámara de Diputados fue suspendido temporalmente.
Claros reiteró que las protestas continuarán hasta que el Gobierno archive los contratos y priorice la aprobación de una ley del litio.
Advertencia de la diputada
“Luis Arce Catacora pretende socializar entre sus cuatro gatos, entre los cuatro funcionarios obligados y entre aquellos zánganos que viven del Estado; son los únicos que están apoyando estos contratos. La población boliviana le ha dicho claramente `no` y, por supuesto, vamos a pelear por nuestros recursos naturales. Desde la segunda semana de marzo van a haber movilizaciones a nivel nacional”, advirtió.
