La decana del Consejo de la Magistratura, Gabriela Araoz, junto al consejero Carlos Spencer Arancibia, anunciaron que la institución ha presentado una denuncia penal ante el Ministerio Público. Esta denuncia involucra a seis funcionarios de la Oficina de Derechos Reales de Trinidad, Beni, quienes están acusados de presuntos delitos de corrupción.
La denuncia formal señala que los funcionarios han incurrido en incumplimiento de deberes, manipulación informática y conducta antieconómica. Estos delitos están claramente tipificados en el Código Penal, lo que resalta la gravedad de las acusaciones.
Investigaciones del Consejo de la Magistratura
Araoz explicó que el Consejo de la Magistratura ha solicitado al Ministerio Público que realice las diligencias investigativas necesarias. El objetivo es recabar elementos de prueba que permitan demostrar la existencia del hecho y la presunta responsabilidad de los implicados.
Por su parte, el consejero Carlos Spencer detalló que la denuncia se originó tras la detección de irregularidades en el sistema informático de Derechos Reales de Beni. Las investigaciones realizadas han revelado que los funcionarios manipularon los registros para anular anotaciones preventivas de inmuebles.
Acciones inmediatas tras la denuncia
“El Consejo de la Magistratura identificó estas irregularidades y actuó de inmediato. A raíz de nuestra denuncia, el día de ayer, miércoles, la Policía y la Fiscalía ejecutaron un allanamiento en las oficinas de Derechos Reales. Esto resultó en el arresto de varios funcionarios, quienes ahora están siendo investigados por su presunta participación en estos hechos”, precisó Spencer.
Compromiso con la transparencia
Araoz reafirmó el compromiso del Consejo con la lucha contra la corrupción y la transparencia en la administración de justicia. Destacó que la integridad de los registros inmobiliarios es fundamental para la seguridad jurídica.
“El Consejo no permitirá ni tolerará ningún hecho de corrupción en ninguna de sus dependencias”, sentenció Spencer, subrayando la postura firme de la institución frente a este tipo de delitos.
