La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ana María Castillo, afirmó este jueves 13 de febrero de 2025 que el expresidente Evo Morales busca que efectivos policiales ingresen al Chapare para generar un enfrentamiento en el que podrían perder la vida.
Las declaraciones de la parlamentaria se producen tras la emisión de una nueva orden de aprehensión contra Morales, emitida por un juzgado de Tarija en relación con el caso de trata y tráfico de personas.
Previsiones del Ministerio Público
Castillo destacó que tanto el Ministerio Público como la Policía están tomando medidas para evitar un desenlace violento. Según ella, existen amenazas provenientes del entorno de Morales.
“Están todavía realizando los actos correspondientes tanto el Ministerio Público como la Policía para que no existan errores, porque sabemos que en el fondo el señor Evo Morales quiere que no muchos policías vayan y mueran ahí; ya hay amenazas”, expresó.
Desafíos a las fuerzas del orden
La senadora cuestionó los mensajes de los voceros de Morales, quienes, según la legisladora, estarían desafiando a las fuerzas del orden con el objetivo de provocar una arremetida contra los uniformados.
Además, Castillo afirmó que Morales sigue financiando a los grupos que lo resguardan en el trópico de Cochabamba, lo que explicaría su permanencia en la zona a pesar de la orden judicial.
Financiamiento de bloqueos
La legisladora recordó que el expresidente ya ha sido señalado en otras ocasiones por financiar bloqueos y movilizaciones, como el bloqueo de 24 días. Indicó que incluso dentro de su entorno hay división entre quienes buscan justicia y quienes lo protegen.
Impedimentos para ser candidato
Castillo también reiteró que Morales no puede ser candidato en las elecciones generales, a pesar de su insistencia en postularse nuevamente. Aseguró que las leyes le impiden participar y que sus intentos de inscribirse forman parte de una estrategia para confundir a la población.
Reacción del sector afín a Morales
Desde el sector afín a Morales, la senadora Simona Quispe calificó la orden de aprehensión como una persecución política. Aseguró que su único objetivo es impedir que el expresidente sea habilitado como candidato.
Quispe acusó al Gobierno y a las autoridades judiciales de actuar de manera ilegal y de instrumentalizar la justicia con fines políticos.
