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La Fiscalía de La Paz apelará sentencia a exministros para buscar pena máxima

Los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizárraga / Composición LA PATRIA
La decisión de la Fiscalía se basará en pruebas que implican a los exministros en el uso irregular de agentes antidisturbios durante las crisis de 2019.

La Fiscalía de La Paz ha decidido apelar la sentencia que fue dictada contra varios exministros del gobierno de Jeanine Áñez. Estos exfuncionarios fueron condenados a 5 años y 4 meses de prisión por el delito de incumplimiento de deberes. Esta condena está relacionada con el préstamo de agentes antidisturbios provenientes de Ecuador durante la crisis social que vivió Bolivia en 2019.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, ha confirmado que se procederá con la apelación de esta decisión judicial. Durante la fase de investigación, se recolectaron diversas pruebas que incluyen el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, los planes de vuelo del avión Hércules C-130 y la solicitud de devolución de los agentes químicos hecha por Ecuador. Torrez afirmó que estas evidencias “demuestran la autoría de los sindicados que fueron sentenciados”.

Además, el fiscal agregó que “una vez seamos notificados, se apelará la determinación porque consideramos que corresponde la pena máxima”.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez (d) brinda una conferencia de prensa / APG Archivo

Detalles de la sentencia

El pasado viernes, se emitió una sentencia que afecta a los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizárraga. También fue condenado Héctor Pérez Ortiz, un militar retirado que fue asistente del exministro de Defensa, quien deberá cumplir 3 años y 4 meses de prisión.

Contexto del caso

Este caso tiene su origen el 15 de noviembre de 2019, cuando durante una reunión de Gabinete en el Palacio de Gobierno, los ministros de ese entonces acordaron de manera irregular la obtención de agentes químicos de la República del Ecuador.

Los agentes químicos fueron utilizados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en medio de los conflictos sociales que se desataron en ese año. La Procuraduría ha señalado que este acuerdo se realizó sin seguir los procedimientos adecuados establecidos por las normativas vigentes.


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