Un juez de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia ha fallado a favor de Reyna R. H. H. Este fallo ordena al Ministerio de Gobierno que «repare» su imagen, luego de que fuera presentada de manera inapropiada ante la prensa como sospechosa de abandono y simulación de delito. Este caso se relaciona con su desaparición junto a sus hijos el 30 de diciembre de 2024. La Defensoría del Pueblo argumentó que se vulneraron sus derechos a la privacidad y a la presunción de inocencia.
Protección de derechos humanos
La Defensoría del Pueblo logró obtener tutela en la Acción de Protección de Privacidad que fue interpuesta contra el Ministerio de Gobierno. Este hecho marca un hito importante en la protección de los derechos humanos, especialmente en lo que respecta al principio de presunción de inocencia.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, publicó en su cuenta de X que “la jurisdicción constitucional ha marcado un hito en la jurisprudencia nacional respecto a la protección y respeto de los derechos a la honra, intimidad, imagen y dignidad, además del respeto al principio de presunción de inocencia”.
Detalles del caso
Reyna fue reportada como desaparecida junto a sus dos hijos el 30 de diciembre. La Policía activó un operativo de búsqueda y el 21 de enero la encontró en un alojamiento junto a sus hijos. Sin embargo, horas después, el 22 de enero, fue presentada ante la prensa como sospechosa de simulación de delito y abandono de menor.
Según la Defensoría, los funcionarios involucrados “transgredieron” sus derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor y propia imagen. También vulneraron el principio de presunción de inocencia, ya que no contaba con una sentencia ni dio su consentimiento para ser presentada de esa manera.
Acciones del juez
En este contexto, el juez dispuso que el Ministerio de Gobierno retire de su página web la conferencia en la que apareció Reyna. Además, ordenó que el ministro Eduardo Del Castillo, en un acto similar y en conferencia de prensa, rectifique la información que se otorgó respecto a la peticionante.
Callisaya destacó que la Resolución Constitucional 038/2025 estableció esta determinación basándose en jurisprudencia comparada. Por un lado, se tomó en cuenta una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia; por otro lado, se consideró una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Valencia Campos y otros contra el Estado boliviano.
Llamado a la acción
Semanas atrás, la Defensoría del Pueblo hizo un “llamado urgente” a las autoridades competentes para que adopten acciones que garanticen la libertad, el debido proceso y la no revictimización. El principio de presunción de inocencia establece que “todas las personas acusadas tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la Ley”, según el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
