La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado la desaparición de cuatro menores afrodescendientes, quienes fueron detenidos por militares en Guayaquil el 8 de diciembre de 2024. Los cuerpos de los menores fueron encontrados calcinados el 24 de diciembre de 2024.
Detalles del caso
Los menores involucrados en este trágico suceso son Steven Medina, de 11 años, y los adolescentes Josué Arroyo, de 14 años, así como Saúl Arboleda e Ismael Arroyo, ambos de 15 años. En un comunicado, la CIDH afirmó que «el Estado debe investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos con la debida diligencia, asegurando que se verifique y aclare la posible responsabilidad de personal militar». Además, se enfatiza la necesidad de fortalecer las acciones de investigación que ya han sido emprendidas.
Desaparición y hallazgo
Los menores desaparecieron en el sector de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, después de haber asistido a un partido de fútbol. Fueron detenidos por personal militar en las cercanías de un centro comercial. Esa misma noche, Ismael logró comunicarse con su padre, informándole que habían sido acusados de robo y que estaban bajo custodia militar. El 24 de diciembre, la Policía encontró los cuatro cuerpos incinerados y con signos de tortura en una zona cercana a una base militar.
Acciones judiciales
El 25 de diciembre, una jueza de Niñez y Adolescencia declaró la desaparición forzada mediante un habeas corpus. La jueza ordenó la investigación y conminó al Ministerio de Defensa Nacional a ofrecer disculpas por los hechos en nombre de los 16 militares que están en prisión preventiva mientras se les investiga como sospechosos. Sin embargo, el Ministerio de Defensa apeló esta decisión, argumentando que correspondía a la justicia penal.
Además, el Ministerio de Defensa, tras emitir disculpas públicas por orden de la jueza, anunció que buscará una sanción contra ella, alegando que su actuación dio paso a una «persecución política». También criticó la «narrativa de derechos humanos» en contra de las Fuerzas Armadas, sugiriendo que tiene supuestos fines políticos.
Compromiso del Estado
El Estado ha transmitido a la CIDH su compromiso con el respeto y garantía de los derechos humanos, informando sobre los esfuerzos realizados para localizar a los menores desaparecidos. La CIDH subrayó la importancia de garantizar el acceso a la justicia para las familias, lo que incluye una investigación adecuada y reparación por los daños sufridos. En el análisis del caso, se debe considerar la edad, origen étnico-racial y situación socioeconómica de las víctimas.
Seguridad y contexto
La CIDH también hizo un llamado a Ecuador para garantizar la seguridad de las familias afectadas y brindar acompañamiento psicosocial. Este caso ocurrió en medio de sucesivos estados de excepción que han permitido acciones militares en tareas de seguridad. El «conflicto armado interno» fue declarado el 9 de enero de 2025 por el presidente Daniel Noboa, con el objetivo de combatir bandas criminales.
Hasta la fecha, se han denunciado más de 200 casos de excesos en el uso de la fuerza, 80 casos de tortura, al menos 8 casos de desapariciones forzadas y 15 ejecuciones extrajudiciales, según reportes citados por Human Rights Watch (HRW).
