El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, ha expresado su preocupación por la inacción de las autoridades municipales en lo que respecta al control y verificación de precios, peso y calidad de productos en los mercados. Silva enfatizó que esta labor es una responsabilidad continua de los gobiernos locales y no debe recaer únicamente en el Viceministerio. Según él, la falta de participación de estas autoridades en los operativos es una clara falta de responsabilidad hacia la población.
Responsabilidad municipal en el control
La autoridad gubernamental recordó que los controles relacionados con el precio, peso y calidad de los productos en los mercados son principalmente competencia de las municipalidades, y no solo del Viceministerio de Defensa del Consumidor. Silva señaló que la ley establece claramente cuáles son los derechos que deben ser defendidos, pero no estipula que el Viceministerio deba fijar o regular precios, ni controlar los mercados.
Silva también mencionó que, en los operativos de control en los mercados, las autoridades municipales suelen estar ausentes. Afirmó que no están cumpliendo con su trabajo de manera independiente, a menos que la cartera de Estado que dirigen los convoque. Esta situación ha llevado a la percepción de que estas autoridades están esperando a ser convocadas para encabezar las verificaciones, cuando en realidad se trata de una tarea que deberían realizar de forma permanente y rutinaria.
Falta de presencia municipal
Además, Silva indicó que actualmente se está notando una falta de presencia de las autoridades municipales en estos temas. Cuando se les reclama, tienden a desviar la responsabilidad hacia el Viceministerio de Defensa del Consumidor. Es importante aclarar que los controles sobre la calidad de los productos no son una competencia exclusiva del nivel central; esta es una responsabilidad que también recae en el nivel municipal.
La normativa municipal establece claramente las responsabilidades en cuanto a la regulación del mercado local. Sin embargo, se ha observado un aumento en las denuncias por parte de los consumidores sobre irregularidades en precios y calidad. Esto resalta la necesidad urgente de una mayor supervisión por parte de las autoridades locales para proteger los derechos de los consumidores.
