En un diagnóstico alarmante, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ha puesto de manifiesto la crítica situación que enfrenta Bolivia. Esta situación se debe a la escalada de conflictos sociales, que incluye la escasez de insumos en centros de atención a poblaciones vulnerables, la aparición de grupos paraestatales y el uso de armas en el contexto de una crisis económica.
Conflictos sociales en aumento
Durante su intervención, Callisaya denunció que tras 11 días de bloqueos liderados por «evistas», ya se han comenzado a movilizar sectores que exigen el desbloqueo de vías. Entre las demandas, también sobresalen las de los choferes, quienes piden un aumento de tarifas, y del sector salud, que reclama por el deterioro de sus condiciones laborales y de atención.
Escasez de insumos críticos
El Defensor del Pueblo subrayó la alarmante escasez de insumos, verificando centros de acogida para adultos mayores y niños, así como hospitales en 4 departamentos: Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Oruro. “Hemos encontrado centros de acogida sin raciones secas, verduras, frutas o carne. En hospitales, las reservas de comida apenas alcanzarán para esta semana”, expresó Callisaya.
Grupos paraestatales y uso de armas
Callisaya también señaló que grupos paraestatales estarían operando en conjunto con la Policía en puntos de bloqueo, lo que consideró irregular y contrario a la ley. Denuncias desde el ala «evista» alegan que la Policía intentó desbloquear usando grupos de choque civiles armados en el puente Ichilo.
La situación se agrava con la aparición de armas de fuego en ciertos puntos de bloqueo. “No podemos tolerar esto. El Estado debe investigar las circunstancias para evitar mayores desbordes”, instó Callisaya, quien también mencionó un ataque a la Policía por francotiradores durante un intento de desbloqueo en la carretera Oruro-Potosí.
Judicialización de las protestas
La judicialización de las protestas también fue un tema central en su discurso. Hasta el momento, se han contabilizado 43 personas detenidas durante los últimos 10 días de bloqueos, generando preocupación sobre el uso del poder estatal para limitar el derecho a la protesta. “No se puede utilizar el encarcelamiento como una solución a las manifestaciones. Las cárceles están hacinadas y vulneran derechos fundamentales”, alertó.
Callisaya advirtió sobre una aplicación desigual de la ley, donde algunos han sido detenidos por poseer petardos, mientras otros casos quedan sin investigar. Asimismo, hizo un llamado a deponer actitudes intransigentes y generar diálogos humanitarios.
Un llamado al diálogo
Finalmente, el Defensor del Pueblo emplazó al Estado a crear un espacio real y transparente para el diálogo. A su vez, solicitó al Ministerio Público que se investigue la existencia y funcionamiento de grupos paraestatales y el uso de armas durante las manifestaciones.
