La deforestación en la Chiquitania, Bolivia, se ha transformado en un negocio muy lucrativo. El costo de una hectárea de tierra puede aumentar hasta 10 veces después de ser desmontada, pasando de un rango de entre $us 100 y $us 250 a un valor que oscila entre $us 1.500 y $us 2.500.
Grupos organizados y el uso del fuego
Grupos organizados, que incluyen avasalladores y empresas agrícolas, están aprovechando el uso del fuego como un método económico para habilitar tierras forestales para la agricultura y la ganadería. Esta práctica ha llevado a la quema de 10 millones de hectáreas en el país en lo que va del año.
La Fundación Tierra y Oxfam han emitido advertencias sobre los intereses oscuros que están detrás de esta práctica. La deforestación no solo afecta gravemente a las áreas protegidas, sino que también contribuye al tráfico de tierras.
Condiciones favorables para el desmonte
Las condiciones en Bolivia son propicias para el desmonte, ya que es relativamente fácil obtener permisos, incluso en zonas que son ecológicamente sensibles o que están legalmente protegidas. Las sanciones por desmonte ilegal son mínimas; las multas varían entre Bs 2,5 y Bs 15 por hectárea, lo que es muy inferior a las sanciones en otros países afectados por incendios, como Brasil, Argentina y Paraguay, donde las multas pueden oscilar entre $us 200 y $us 27.000 por hectárea.
Opiniones de expertos
Alcides Vadillo, director de la Fundación Tierra, señala que “el fuego es una forma económica de habilitar tierras”. Vadillo detalla tres hipótesis sobre quiénes son los responsables de provocar los incendios: campesinos que buscan ampliar sus cultivos, propietarios que argumentan una función social para incrementar el valor de sus tierras y posibles intereses políticos que están detrás del uso del fuego.
Vadillo también indica que gran parte de las áreas quemadas son ocupadas posteriormente. Según datos de la Fundación Tierra, el 22% de las áreas quemadas este año se encuentra en zonas protegidas. Esto está relacionado con asentamientos irregulares, donde se presume que se desmonta y quema para demostrar actividad económica.
Tráfico de tierras y avasallamientos
Pablo Gil, asesor de la Certificación Forestal Voluntaria – Forest Stewardship Council (CFV-FSC), afirma que “el tráfico de tierras está detrás de los avasallamientos y los incendios”. Los avasalladores ejercen presión, a menudo con violencia, mientras marcan territorio y solicitan posesión al INRA si no hay desalojo. El trabajo de desmonte se realiza con maquinaria costosa, que luego se recupera a través de la comercialización.
Comercialización y especulación
La investigación de Oxfam concluye que la comercialización inicial a precios bajos fomenta la especulación y aumenta el valor de las tierras a lo largo del tiempo. Factores como la construcción de nuevos caminos y las inversiones también contribuyen al aumento anual en los precios de las tierras.
Una empresa brasileña reportó un retorno anual promedio del 21,4% en su inversión inmobiliaria rural, tras adquirir 9.875 hectáreas por aproximadamente 30 millones de dólares.
Colonias menonitas y deforestación
El estudio también revela que la deforestación ha aumentado debido a la rápida expansión de las colonias menonitas en sus actividades agrícolas. Hasta 2019, había un total de 90 colonias menonitas que ocupaban una superficie de 891.715 hectáreas. Desde 2001 hasta 2019, se registró una pérdida de 304.308 hectáreas dentro de estas áreas ocupadas.
Dentro de las 304.308 hectáreas perdidas, 11.642 estaban en zonas cuya función forestal las excluye de la deforestación, incluyendo parques nacionales o departamentales y ríos. Aunque estas cifras no representan una proporción mayoritaria del total, indican un incumplimiento de las directrices establecidas por el Plan de Uso del Suelo (PLUS) departamental.
/ APC /
