La Gobernación de Oruro está elaborando un informe sobre los daños a la infraestructura pública, que se dice fueron causados por cooperativistas mineros que se movilizaron el lunes 7 de octubre. Ayer, se mencionó que se está considerando llevar el caso a la justicia para identificar a los responsables. Los cooperativistas, por su parte, afirmaron que no tienen conocimiento de los daños, aunque defendieron el uso de dinamita durante su movilización.
Desde la Gobernación de Oruro, se informó que hubo vidrios rotos en algunas de sus oficinas. Según las autoridades, estos daños fueron provocados por miembros de las tres cooperativas de la mina San José, quienes el día anterior habían solicitado una actualización del proyecto de ley para renovar el plan quinquenal de bombeo de aguas ácidas.
El asesor legal de la Gobernación, Limbert Laredo, comentó: “Se está analizando los informes que se vayan a emitir por las instancias correspondientes si vamos a asumir las acciones legales que correspondan, tomando en cuenta que como Gobernación en el marco del cuidado y protección que se debe hacer a la infraestructura, a los bienes incorporados y la seguridad de los funcionarios y la ciudadanía. Contamos con cámaras de seguridad”.
Investigación en curso
Laredo aclaró que se revisarán las grabaciones de las cámaras para identificar a los responsables. Además, se denunciaron situaciones en las que se impidió la libre circulación de los funcionarios de la entidad. También se conoció que mujeres embarazadas y personas que cuidan a menores de edad no pudieron ingresar al edificio público.
Desde la Federación Departamental de Cooperativistas Mineros (Fedecomin RL), se desestimaron los presuntos casos de acoso y amedrentamiento. Sin embargo, reafirmaron su defensa del uso de dinamita como una medida de presión. “Como Fedecomin Oruro hemos tratado de dialogar, pero hemos sido negados… la ley 400 conocemos bien. Creo que si el gobernador daba la atención en su momento, nada de esto iba a suceder. El impulso de las bases es bastante… vamos a esperar el jueves el resultado bueno que sea favorable, caso contrario la Fedecomin estaría entrando en movilización”, expresó un representante de la federación.
Contexto legal
La Ley 400, promulgada el 18 de septiembre de 2013, regula el control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Esta ley prohíbe las detonaciones en el centro de la ciudad, lo que añade un contexto legal a la situación actual.
Motivos de la movilización
El lunes 7 de octubre, tres cooperativas mineras se movilizaron exigiendo la firma del gobernador de Oruro para el proyecto de ley que actualiza el convenio quinquenal para el bombeo de aguas ácidas de la mina San José. Esta propuesta se encuentra actualmente en la Cámara de Senadores para su análisis.
De acuerdo con el convenio quinquenal, el financiamiento para el bombeo y tratamiento de aguas ácidas de la mina San José se distribuye entre la Gobernación, la Municipalidad, la Fedecomin y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), cada uno aportando el 25% del total, que equivale a Bs. 1.095.000.
Posturas de las partes
Desde la Gobernación, se sostiene que los cooperativistas deben llevar a cabo la remediación ambiental, ya que ellos son los que operan en la zona, tal como lo establece la Constitución Política del Estado. Sin embargo, se espera que hasta el jueves se analicen los documentos para evaluar posibles alternativas.
Por su parte, la Fedecomin asegura que ya se cumplió con el plan quinquenal para el acuerdo y la división del presupuesto destinado al bombeo de aguas ácidas. Piden una norma nacional que respalde su posición, argumentando que existe un riesgo ambiental si no se realiza el trabajo necesario.
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