La Fiscal Departamental de La Paz en suplencia legal, Rosario Venegas, anunció este martes que el Ministerio Público presentará una apelación a la sentencia dictada por el Tribunal 6° de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz. Esta decisión se toma tras las condenas impuestas a los exministros Arturo Murillo Prijic y Luis Fernando López, quienes enfrentan penas significativamente menores a 10 años solicitados por la Fiscalía debido a su implicación en un escándalo de corrupción relacionado con la adquisición irregular de gases lacrimógenos para la Policía Boliviana.
El caso se remonta al año 2019, cuando se evidenció un daño económico al Estado superior a 16 millones de bolivianos como resultado del proceso irregular en la compra de estos insumos. Durante las investigaciones, se recolectaron pruebas contundentes que respaldan las acusaciones contra los involucrados. Venegas subrayó que estas pruebas están registradas en el Ecosistema Justicia Libre y demuestran claramente la participación activa de los acusados en delitos relacionados con corrupción pública.
Sentencias y condenas impuestas
El pasado viernes, el tribunal emitió sentencias que van desde 3 hasta 8 años para varios implicados. En particular, Murillo fue condenado a 8 años por Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas y López recibió una pena similar por Contratos Lesivos al Estado. Otros 4 involucrados también fueron sentenciados: Sergio A.Z.B., exdirector administrativo del Ministerio de Gobierno, fue condenado a 3 años; Ruth R.P.R., exdirectora administrativa del Ministerio de Defensa, recibió 5 años; Bryan S.B.A., representante legal de Bravo Tactical Solutions LLC, fue sentenciado a 7 años; mientras que Dennis A.V.R. fue absuelto.
Impacto social y legal
Las consecuencias legales y sociales del caso son significativas. Expertos en derecho penal han señalado que este tipo de casos no solo afectan directamente a los responsables, sino que también erosionan la confianza pública en las instituciones gubernamentales. Por ello, el Ministerio Público busca apelar la sentencia para asegurar que se haga justicia plena frente a lo ocurrido durante uno de los episodios relacionados con corrupción estatal en Bolivia.
Próximos pasos del Ministerio Público
La apelación será presentada tan pronto como se reciba oficialmente el documento íntegro con detalles sobre las sentencias emitidas por el tribunal correspondiente. Este proceso es crucial para garantizar que se tomen las medidas adecuadas en un caso que ha captado la atención de la sociedad boliviana y que pone de relieve la necesidad de una justicia efectiva en temas de corrupción.
