Habitantes de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) Bajo Paraguá denunciaron el pasado domingo 22 de septiembre la presencia de avasalladores armados en el área protegida municipal y reserva forestal. Estos individuos exigen ser posesionados en el territorio y han bloqueado el acceso a la ayuda humanitaria que estaba llegando a la comunidad.
Los avasalladores se presentaron nuevamente con armas y demandan la devolución de 1.700 litros de combustible, una motocicleta y otros artículos que fueron decomisados debido a su invasión de la reserva forestal y el Área Protegida Municipal (APM). Ante esta emergencia, los habitantes llevaron a cabo una asamblea extraordinaria en Piso Firme, donde acordaron comunicar a las autoridades que la comunidad ha habitado la zona de manera sostenible desde tiempos inmemoriales, resguardando el APM, que es considerado un tesoro y que hoy en día está siendo saqueado.
Inacción de las autoridades
Los dirigentes chiquitanos manifestaron que las autoridades, que por ley deberían actuar, no asumieron su responsabilidad ni procedieron al desalojo de los interculturales, quienes continúan avasallando grandes extensiones de tierra. Lamentaron que los recientes actos de avasallamiento han causado daños irreparables.
Un grupo irregular de 40 encapuchados armados bloqueó el acceso a la comunidad Nueva Esperanza, impidiendo la llegada de vehículos con insumos para bomberos. «Es deber de todos los nacidos en Bajo Paraguá salir en defensa de su territorio, que está siendo invadido por avasalladores ante la inacción de las autoridades correspondientes», afirmaron los comunarios.
Declaración de estado de emergencia
Entre las resoluciones determinadas, la comunidad rechazó los avasallamientos y agresiones, declarando un estado de emergencia para adoptar medidas ante los desmontes y quemas. Además, responsabilizaron al alcalde de San Ignacio de Velasco y a la ABT «por ser coautores de los avasallamientos».
Los habitantes exigieron a las autoridades nacionales y otras competentes el cumplimiento inmediato de sus responsabilidades constitucionales y legales. También solicitaron una investigación exhaustiva del bloqueo del grupo armado que impidió la ayuda humanitaria para los bomberos.
Defensa del territorio
Demandaron medidas efectivas para proteger el territorio y garantizar la integridad comunitaria. Convocaron a todas las comunidades indígenas, organizaciones civiles y organismos internacionales a unirse a su defensa del territorio. Reiteraron su compromiso con la defensa de la Madre Tierra: «No cesaremos en nuestra lucha hasta que se restauren nuestros derechos territoriales».
Los habitantes denunciaron que grupos organizados, conocidos como interculturales, están construyendo brechas y caminos para facilitar desmontes y asentamientos ilegales. Esto pone en riesgo tanto la integridad del territorio como la supervivencia misma de la nación chiquitana.
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