El Ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, declaró el sábado 14 de septiembre que la responsabilidad de eliminar las leyes que permiten las quemas en Bolivia corresponde al Legislativo, no al Ejecutivo. Esta afirmación surge en respuesta a las críticas sobre si estas normativas son una de las principales causas de los incendios forestales.
“Es atribución del Legislativo la abrogación o derogación; sin embargo, la muestra más clara del Gobierno ha sido la emisión del decreto que establece la pausa ambiental que prohíbe toda actividad de quema. Estamos hablando del Decreto Supremo 5225”, comentó Lisperguer a El Deber.
Objetivo del Decreto Supremo
El Ministro explicó que este decreto tiene como propósito prevenir los incendios provocados, muchos de los cuales, según denuncias, se inician con la intención de reclamar tierras.
Las críticas se centran en un conjunto de leyes aprobadas desde 2013, como la Ley 337, la Ley 502 y la Ley 741, que han permitido la regularización de tierras deforestadas de manera ilegal.
Uso de tierras deforestadas
Aunque estas normas fueron justificadas como parte de la política de seguridad alimentaria, la realidad indica que solo un pequeño porcentaje de las tierras deforestadas se ha utilizado para la agricultura. Según datos oficiales, de las 460,000 hectáreas desmontadas entre 2015 y 2022, solo 40,800 se destinaron a cultivos.
Estas leyes, que inicialmente permitían desmontes controlados para pequeños agricultores, han sido aprovechadas por grandes intereses privados, lo que ha provocado incendios masivos, especialmente en la región oriental del país.
Normativas y deforestación ilegal
Otras normativas, como la Ley 1171 y el Decreto 24.253, han minimizado las sanciones por deforestar, convirtiendo a Bolivia en un «paraíso» para la deforestación ilegal, según organizaciones ambientalistas.
Respuesta del Gobierno
El Ministro abordó las críticas sobre la falta de respuesta oportuna a los incendios, señalando que el Gobierno ha seguido los procedimientos legales para la declaración de emergencias.
Además, anunció que responderá a la acción popular presentada por el Defensor del Pueblo, quien lo acusa de no atender adecuadamente la crisis de incendios.
Reporte de incendios
De acuerdo con el reporte más reciente del Ministerio de Medio Ambiente, actualmente hay 58 puntos de fuego activos en 26 municipios, distribuidos en los departamentos de Santa Cruz, Beni y La Paz. El fuego ha afectado 1.5 millones de hectáreas de bosques y 2.3 millones de hectáreas de pastizales, muchas de ellas en propiedades privadas.
Ante esta alarmante situación, Lisperguer informó que se han iniciado 297 procesos administrativos y 82 penales contra los responsables de provocar los incendios.
Asimismo, advirtió que Bolivia aún enfrenta entre un 50% y un 60% del período más crítico de incendios, que podría agravarse en los meses de septiembre, octubre y noviembre debido a las altas temperaturas y la sequedad ambiental. Por lo tanto, hizo un llamado a redoblar esfuerzos para evitar la expansión del fuego.
