El Gobierno de Javier Milei en Argentina ha generado controversia al limitar, a través de un decreto, la ley de acceso a la información pública. Esta medida ha generado preocupación entre organizaciones civiles y la prensa, ya que el Estado no estará obligado a proporcionar información sobre la vida privada de los funcionarios públicos ni sobre aspectos preparatorios de decisiones estatales.
La ley de Acceso a la Información Pública, vigente en Argentina desde hace siete años, permite a los ciudadanos acceder a información considerada de carácter público. Esta ley ha sido fundamental para revelar comportamientos inapropiados de las autoridades, colaborar en investigaciones judiciales y arrojar luz sobre reuniones de funcionarios públicos.
Restricciones en el acceso a la información
Según el decreto firmado por Milei, ahora se excluye el acceso a información que pertenezca al ámbito privado de los funcionarios o magistrados, especialmente cuando se trata de aspectos típicamente domésticos. Esto implica que la ciudadanía no podrá indagar sobre quién ingresa a la residencia oficial de Olivos en la provincia de Buenos Aires, ni cuántos perros acompañan al mandatario.
La Fundación Poder Ciudadano ha destacado que ningún decreto puede restringir el acceso a la información pública más allá de lo que establece la ley sancionada por el Congreso. Además, recuerda que el acceso a la información pública es un derecho humano consagrado en pactos y tratados internacionales, y que la información está en manos del Estado pero pertenece a la ciudadanía.
Posibles acciones legales y críticas al Gobierno
La Fundación Poder Ciudadano está analizando la posibilidad de llevar el caso a la Justicia para que se declare inconstitucional el decreto. Por otro lado, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) ha rechazado los cambios introducidos por el Gobierno de Milei, argumentando que representan un grave retroceso democrático, desalientan la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurecen la gestión pública.
Fopea también ha alertado sobre la introducción de un artículo que establece indemnizaciones en caso de violación al principio de buena fe por parte de los actores involucrados. El foro recuerda que la información en poder de los órganos públicos debe presumirse como regla que puede y debe ser divulgada, ya que los ciudadanos son los dueños de la información pública y su conocimiento no es una concesión discrecional del gobierno, sino un imperativo normado.
En conclusión, la limitación impuesta por el Gobierno de Argentina al acceso a la información pública ha generado preocupación y críticas por parte de organizaciones civiles y la prensa, quienes consideran que esta medida representa un retroceso democrático y atenta contra los principios de transparencia y participación ciudadana en los asuntos del Estado.
