El martes 27 de agosto, desde el «evismo» se consideró que la reducción de los cultivos autorizados de coca en el Trópico de Cochabamba, de 7.700 a 3.000 hectáreas, es una estrategia del Gobierno para generar enfrentamientos entre los bolivianos. Por su parte, el «arcismo» sostiene que la cantidad de coca cosechada en la región está destinada al narcotráfico.
Acusaciones y posturas encontradas
El senador «evista» del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, aseguró que esta medida es un intento del Gobierno por eliminar la producción de coca en el Trópico de Cochabamba. Según él, esto busca imponer nuevamente políticas de lucha contra el narcotráfico y generar divisiones entre los bolivianos. En respuesta, el diputado del MAS, Andrés Flores, afirmó que la coca producida en la región se destina principalmente al narcotráfico.
El senador Loza considera que esta reducción de cultivos es un acto de racismo, discriminación y odio hacia la región del Trópico de Cochabamba. Asegura que los productores de coca de la región están en vigilia desde hace más de 90 días para defender su derecho a cultivar la cantidad de coca que les corresponde.
Proyecto de ley para modificar la Ley General de la Coca
El diputado de los Yungas, Freddy Velásquez, presentó un proyecto de ley para reducir los cultivos autorizados en el Trópico de Cochabamba de 7.700 a 3.000 hectáreas, manteniendo las 14.300 hectáreas permitidas en La Paz. Velásquez argumenta que la extensión actual en Cochabamba es excesiva y no se justifica, ya que la mayoría de la producción no se destina al mercado legal.
Antecedentes y protestas
La Ley General de la Coca fue aprobada en 2017 durante la gestión de Evo Morales. Esta ley permitía 14.300 hectáreas de coca en el departamento de La Paz y 7.700 en Cochabamba. Sin embargo, generó protestas por parte de los yungueños, quienes consideraban que la extensión permitida en Cochabamba era excesiva.