El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha validado la reelección del presidente Nicolás Maduro, a pesar de no haber presentado aún las actas que respalden su victoria. Esta decisión ha generado críticas internacionales y ha generado tensiones en la región.
La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia se produce 22 días después de que Maduro solicitara el proceso a través de un recurso de amparo, convocando a los diez excandidatos presidenciales. Sin embargo, los Gobiernos de Chile, Uruguay, Paraguay y Guatemala, así como parte de la oposición en Bolivia, han calificado el fallo como un «fraude». Colombia, Brasil y México aún no se han pronunciado al respecto.
La postura del TSJ
La presidente del TSJ, Caryslia Rodríguez, quien lideró el peritaje judicial del resultado, ha señalado que «convalida esta Sala Electoral los resultados de la elección presidencial del 28 emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE)». La sentencia concluye de manera «inequívoca e irrestricta» la revisión de las elecciones.
Críticas y cuestionamientos
El Gobierno venezolano ha sido cuestionado por la falta de transparencia en el proceso electoral y la validación de los resultados sin mostrar las actas correspondientes. Varios países latinoamericanos han expresado su rechazo al fallo del TSJ y han calificado la situación como un intento de imponer una dictadura sobre la voluntad popular.
El expresidente boliviano Carlos Mesa, jefe de Comunidad Ciudadana (CC), ha criticado al TSJ venezolano por consolidar un fraude electoral sin pruebas fehacientes. Según él, las instituciones estatales venezolanas están intentando imponer una dictadura por encima del voto mayoritario de los ciudadanos.
Tensiones en la región
La sentencia del TSJ ha generado tensiones en la región, con diferentes posturas entre los países vecinos respecto a la legitimidad del proceso electoral en Venezuela. Las críticas internacionales ponen en entredicho la democracia en el país sudamericano y plantean interrogantes sobre la validez de los resultados electorales.