La Procuraduría General del Estado espera que esta semana se emita la sentencia del caso petrocontratos, donde el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y tres exministros podrían recibir una condena de 10 años de cárcel.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) abrió la fase de juicio oral de este proceso penal que investiga los 106 contratos de comercialización, exploración y explotación de hidrocarburos que fueron suscritos sin la autorización congresal respectiva en la época de Sánchez, más conocido como «Goni».
El procurador general del Estado, César Siles, señaló que están esperando con expectativa que la sentencia pueda dictarse esta semana en el ritmo que está avanzando.
Investigación y acusados
Además de Sánchez de Lozada, están enjuiciados en rebeldía los exministros Carlos López Quiroga, Jorge Berindoague y Carlos Contreras. Las exautoridades son investigadas por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Según el procurador, podrían recibir fácilmente 10 años de cárcel por estos delitos.
Extradición de Goni
Respecto a la extradición de Goni, el procurador indicó que está pendiente en Estados Unidos la solicitud por el caso octubre negro, porque los delitos endilgados al expresidente no se tipifican como tales en ese país. Sin embargo, con la nueva sentencia sobre el caso petrocontratos se podría facilitar un proceso de extradición del expresidente, tomando en cuenta que son delitos de corrupción, agregó Siles.
Pedido de la Fiscalía
Desde la Fiscalía también piden que se declare culpables a las cuatro exautoridades gubernamentales y se les aplique la pena máxima establecida para los delitos de incumplimiento de deberes (de 1 a 4 años de privación de libertad) y conducta antieconómica (de 3 a 8 años).
Caso Petrocontratos
Este proceso penal se abrió en la gestión 2015. Los acusadores particulares son la Procuraduría, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Ministerio de Justicia. La causa investiga la firma de contratos con al menos 21 empresas transnacionales, cuyo trabajo era verificar y explotar reservas hidrocarburíferas. Según las acusaciones, los documentos se suscribieron antes del aval del Órgano Legislativo.
De los 106 contratos, 52 se firmaron en la primera gestión de gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997); 49 en la del extinto Hugo Banzer (1997-2001); 4 en la de Jorge Quiroga (2001-2002), y 1 en la de Carlos Mesa. Estos dos últimos quedaron excluidos del juicio, en momentos distintos. Según las acusaciones que llegaron al Ministerio Público, esos documentos favorecieron los intereses de esas empresas en detrimento del interés del Estado.
