La invasión de tierras en Bolivia es un problema que ha persistido durante más de 30 años. Se basa en una combinación de ideología política, normas legales a medida, malas prácticas sindicales y la desinstitucionalización de entidades estatales encargadas de la administración de tierras, según el análisis del asesor legal de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Asturizaga.
Este fenómeno afecta tanto a la propiedad privada como a las inversiones del país, según señala la Anapo. Los recientes casos de avasallamiento en Guarayos, Santa Cruz, e Incachaca, Cochabamba, ilustran la perspectiva de este tema que ha ganado notoriedad desde antes del año 2000.
El origen y la intensificación de las ocupaciones ilegales de tierras
De acuerdo con Asturizaga, las ocupaciones ilegales de tierras comenzaron antes de los años 90, impulsadas por debates sobre la eliminación del latifundio y la nacionalización de la tierra. Sin embargo, se han intensificado en las últimas dos décadas.
Uno de los casos más polémicos es el de la comunidad Soncachi Grande en La Paz en el año 2000. Allí, el entonces Movimiento Sin Tierra (MST) ocupó la propiedad Posada del Inca, un complejo turístico, bajo el pretexto de que no se cumplía la función económica social. Esta propiedad fue desmantelada, y las hijas del propietario, Wilfredo López Villamil, llevan 24 años luchando en un proceso legal con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
Factores que impulsan este fenómeno
Según Asturizaga, las tomas de tierras, caracterizadas por la violencia y la destrucción de propiedad, se han visto favorecidas por un esquema jurídico que debilita el derecho de propiedad. Un ejemplo es la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria, que permite que cualquier persona pueda cuestionar el derecho propietario después de dos años de recibir su título.
Además, la desinstitucionalización de entidades como el INRA y la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) ha permitido la elección de autoridades sin calificaciones profesionales, basadas en favoritismos políticos. También se menciona que las prácticas sindicales en muchas comunidades y barrios rurales permiten asignar predios arbitrariamente y expulsar a quienes no están de acuerdo con las decisiones del sindicato.
Consecuencias de las invasiones de tierras
Asturizaga señala que debido a estas invasiones, muchas tierras han sido abandonadas o convertidas en canchas deportivas, sin generar empleo para la población. La falta de seguridad jurídica afecta negativamente la inversión y producción agrícola en Bolivia. El sistema alimentario del país, en gran parte sustentado en la mediana y gran propiedad, está en riesgo si no se implementan reformas, subrayó.
«Si como Estado no vas a preservar ese patrimonio que te genera alimentación, exportaciones y la canasta familiar más barata de América Latina, entonces tu objetivo es otro», expresó Asturizaga.
La necesidad de una reforma constitucional y legal
Para abordar este problema, según Asturizaga, es necesaria una reforma constitucional y legal que garantice la seguridad jurídica de los propietarios y promueva la presentación del patrimonio productivo del país.
