En los últimos dos años y medio, la cantidad de personas privadas de libertad en el país ha experimentado un aumento del 73%, pasando de 18.000 internos en 2022 a 31.105 en julio de 2024. Este incremento significativo ha generado preocupación en los organismos de derechos humanos, ya que viola los derechos fundamentales de los presos.
Juan Carlos Limpias, director nacional de Régimen Penitenciario, ha manifestado su inquietud ante esta situación. En una entrevista en el programa «El Defensor con el Pueblo», señaló que actualmente hay 31.105 personas privadas de libertad, mientras que en enero de 2022 la cifra era de 18.000. Este incremento de casi 13.000 personas en un corto periodo de tiempo requiere un análisis profundo sobre la justicia en el país.
Hacinamiento en el penal de San Pedro de La Paz
Uno de los penales con mayor población carcelaria es el de San Pedro de La Paz, donde se ha registrado un aumento del hacinamiento de hasta un 100%, dependiendo de la sección a la que sea llevado el privado de libertad.
El hacinamiento carcelario es un problema de larga data
Estas cifras no son nuevas, ya que el 1 de julio de este año, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que el hacinamiento en las cárceles del país superaba el 150% de su capacidad. Además, destacó que a nivel nacional, el 70% de los presos se encuentran en calidad de detenidos preventivos, mientras que solo el 30% cumple su condena. Esta situación nos remonta a una realidad que se vivía hace 30 años.
Violación de los estándares internacionales de derechos humanos
La Defensoría del Pueblo ha señalado que la situación carcelaria en el país, especialmente para las mujeres, no cumple con los estándares internacionales. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la detención en condiciones de hacinamiento, sin ventilación ni luz natural adecuadas, sin camas para descansar y sin higiene adecuada, constituye una violación a la integridad personal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alerta sobre una crisis humanitaria
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha afirmado que las cárceles de Bolivia se encuentran en una situación casi de crisis humanitaria. Esta declaración resalta la urgencia de implementar políticas criminales con enfoques en los derechos humanos para abordar esta problemática de manera efectiva.
